Panamá tiene nuevamente una oportunidad importante para revisar las reglas que han acompañado al sector eléctrico durante décadas. El proyecto del Ejecutivo contiene cambios positivos y atiende problemas reales de calidad del servicio, protección de los usuarios, fiscalización, modernización de redes y transparencia. Se fortalecen las facultades del regulador, aumentan las sanciones, se establecen plazos para reclamaciones, incorpora el silencio favorable al usuario y exige mayor información sobre la capacidad disponible en las redes.
Sin embargo, seguimos concentrándonos en corregir el sistema que tenemos, cuando esta reforma debería ayudarnos a construir el sistema eléctrico que necesitaremos durante los próximos veinte años.
Un ejemplo es la calidad del suministro. Para la compensación específica por interrupción individual prolongada, en áreas urbanas y suburbanas hablamos de cuatro horas. Si se excede ese tiempo, la compensación vigente comienza en apenas 1% del promedio de las últimas tres facturas, adicionando 0.02% por cada cuatro horas adicionales, hasta un máximo de 2%. En 2013 comenzaba en 10%, aumentaba 5% por cada cuatro horas adicionales y podía alcanzar 50%. En 2019 estas condiciones fueron reducidas mediante resolución. Si proponemos multas millonarias, debemos preguntarnos si la compensación directa al usuario continúa siendo razonable, o nos pone en desventaja. Además, si la distribuidora conoce cuándo comenzó y terminó una interrupción, la compensación no debería ser automática.
La propuesta plantea publicar información sobre capacidad disponible de las redes y puntos de interconexión. Pero conocer la capacidad es solamente parte de la solución. También debemos garantizar transparencia en cómo se asigna. Cuando exista capacidad limitada y proyectos interesados, deberían utilizarse mecanismos competitivos y verificables para asignar, incluyendo subastas cuando corresponda. El derecho de interconexión debe estar sujeto a hitos concretos de desarrollo, inversión y construcción, pues licencias y concesiones no bastan. Si el desarrollador incumple injustificadamente el cronograma, debe ser penalizado y perder la capacidad asignada para que pueda ofrecerse nuevamente. La capacidad de la red es un recurso escaso y estratégico; no debe convertirse en un activo para especular.
Panamá también necesita un programa nacional de Infraestructura de Medición Avanzada, que permita al usuario conocer consumo, demanda, voltaje, interrupciones e intercambio de energía prácticamente en tiempo real. El consumidor debe tener acceso a su propia información. El usuario ya no solamente consume electricidad, sino que puede producirla, almacenarla y administrarla. Por eso la reforma debe darle mayor importancia al autoconsumo solar, baterías y recursos energéticos distribuidos, garantizando acceso técnicamente responsable a las redes y evitando barreras innecesarias. El usuario debe ser el centro del sistema.
Algo similar ocurre con la electromovilidad. Miles de vehículos eléctricos incorporarán nuevas cargas, pero también oportunidades. Con medición inteligente podemos incentivar la carga en momentos convenientes y preparar la regulación para carga inteligente.
Licitaciones eléctricas
La propuesta, de forma oportuna, modifica quién preparará pliegos, convoca, evalúa y adjudica. Pero sigue pendiente una pregunta: ¿quién determina qué debemos licitar y cómo demuestra que esa decisión representa la mejor alternativa para el sistema y los consumidores? Antes de comprometernos mediante contratos de diez, quince o veinte años debería existir obligatoriamente un Estudio de Necesidad, Alternativas e Impacto Tarifario Económico, que sea público y verificable. Si se decide contratar gas, hidroeléctrica, solar, eólica, almacenamiento o combinaciones, debemos conocer las alternativas evaluadas, costos, aportes energéticos, flexibilidad, riesgos y confiabilidad. La política energética puede definir objetivos; la competencia debería encontrar la solución más eficiente.
También debemos incorporar almacenamiento, respuesta de demanda, agregadores, microrredes y consumidores activos; estudiar la separación progresiva entre distribución y comercialización, como ha planteado VAMOS; y fortalecer la independencia del Centro Nacional de Despacho respecto de ETESA, elevando a la ley la independencia real que nuestra regulación ya reconoce.
El Ejecutivo y VAMOS proponen ideas importantes. Podemos tomar lo mejor de ambas y mejorarlo. Después de casi treinta años tenemos una oportunidad extraordinaria. No se trata solamente de modificar la Ley 6, sino de asegurar un sistema moderno, robusto y transparente, con compensaciones justas, autoconsumo, electromovilidad, almacenamiento, medición inteligente, interconexiones transparentes, licitaciones con verdadera rendición de cuentas y un operador independiente.
Apuntemos a un sistema eléctrico que impulse el desarrollo socioeconómico que Panamá merece.
El autor es ingeniero y especialista en energía renovable,movilidad eléctrica y mercados energéticos
