En Panamá, el cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte. Más allá de las cifras oficiales, frías y distantes, existe una realidad cotidiana marcada por el sufrimiento prolongado, el desgaste emocional de las familias y un sistema de salud que, aunque ha avanzado en diagnóstico y tratamiento, sigue quedando corto cuando la enfermedad entra en su fase terminal. En ese punto, la pregunta deja de ser cómo curar y pasa a ser cómo morir. Y es ahí donde emerge, inevitablemente, el debate sobre la eutanasia.
Morir de cáncer no siempre es morir en silencio. Para muchos pacientes, especialmente aquellos con diagnósticos tardíos o cánceres agresivos, el final llega acompañado de dolor físico intenso, pérdida de autonomía, dependencia absoluta y un profundo deterioro de la calidad de vida. Los cuidados paliativos cumplen un papel crucial, pero en Panamá aún no llegan de forma equitativa a toda la población. En zonas rurales o para familias con recursos limitados, el alivio del dolor sigue siendo un privilegio y no un derecho garantizado.
En este contexto, hablar de eutanasia no es hablar de muerte por capricho, sino de dignidad. Es hablar del derecho de una persona, plenamente consciente y debidamente informada, a decidir no prolongar una agonía que considera incompatible con su concepto de vida. Sin embargo, en Panamá la eutanasia y el suicidio médicamente asistido no están permitidos por la ley, y el tema continúa siendo un tabú político —pues no es un tema que gana votos—, jurídico y cultural.
La oposición suele apoyarse en argumentos religiosos, éticos y en el temor a posibles abusos. Se sostiene que la vida debe preservarse a toda costa y que abrir la puerta a la eutanasia podría debilitar la protección de los más vulnerables. Estos temores no son menores y merecen ser discutidos con seriedad. Pero también resulta éticamente cuestionable obligar a una persona a vivir sus últimos días o meses en condiciones de sufrimiento extremo, cuando no existe posibilidad de curación.
Países como Colombia, España y Canadá han demostrado que es posible regular la eutanasia con estrictos controles médicos, legales y éticos, priorizando la voluntad del paciente y evitando arbitrariedades. La experiencia internacional muestra que legalizar no equivale a promover la muerte, sino a reconocer la autonomía personal en situaciones límite.
En Panamá, el debate suele cerrarse antes de empezar. Se confunde la eutanasia con el abandono médico, cuando en realidad se trata de una decisión profundamente humana, acompañada por profesionales de la salud y sujeta a protocolos rigurosos. También se ignora la voz de quienes viven el cáncer en carne propia: pacientes que piden dejar de sufrir y familiares que, aun amando profundamente, se sienten impotentes ante un dolor que no pueden aliviar.
Negar la discusión no elimina la realidad. Hoy, muchas muertes por cáncer ocurren en condiciones de sufrimiento evitable, en hospitales saturados o en casas sin apoyo suficiente. Frente a eso, Panamá necesita al menos abrir un diálogo nacional honesto, informado y libre de dogmas, donde participen médicos, juristas, líderes religiosos, pacientes y la sociedad civil.
Hablar de eutanasia no es rendirse ante la muerte, sino enfrentarla con humanidad. Es preguntarnos si, como sociedad, estamos dispuestos a reconocer que vivir con dignidad también implica, en ciertos casos, morir con dignidad. Mientras sigamos postergando este debate, las muertes por cáncer seguirán ocurriendo en silencio, cargadas de dolor, y sin que hayamos hecho todo lo posible por escuchar a quienes más sufren.
El autor es profesional multidisciplinario: ingeniero industrial, internacionalista y abogado.
