Toxicidad global. 2026. La transición de la cocaína orgánica al fentanilo sintético representa una mutación del poder que desestructura el tejido social de Estados Unidos y pulveriza la soberanía del sur. La serpiente de mil cabezas anida con fuerza en el sistema de salud del país de destino y en los algoritmos financieros que lavan su rastro bajo la mirada cómplice de un sistema que ha normalizado la tragedia. Uno piensa hasta que le gusta.
La crisis del fentanilo es una falla estructural del Estado estadounidense. La cifra de 110,000 muertes anuales por sobredosis ha transformado la demografía de regiones enteras, como el Cinturón de Óxido y la Costa Oeste. En ciudades como Filadelfia, San Francisco y Baltimore, el gasto en servicios de emergencia y la administración de naloxona han desplazado por completo la inversión en salud preventiva. Esta eutanasia social se hace visible en comunidades donde la fuerza laboral joven ha sido diezmada, dejando un vacío generacional difícil de revertir.
El fentanilo no discrimina nichos sociales. Es 50 veces más potente que la heroína. Una dosis letal de apenas dos miligramos ha convertido el consumo en una ruleta rusa química. Las instituciones han demostrado ser incapaces de frenar el abastecimiento mediante sobres de correo y drones.
El cinismo de la administración Trump radica en utilizar esta mortandad interna para justificar la proyección de fuerza externa sobre México y Venezuela.
La amenaza de intervenciones quirúrgicas y designaciones de terrorismo para frenar el fentanilo simula una coartada perfecta. Un capítulo más de El aprendiz. La data dura revela, no obstante, que la mayoría de los precursores químicos ingresan por puertos legales y redes logísticas que el propio sistema estadounidense no audita con el rigor necesario. Ese debería ser el blanco real.
El fentanilo es el pretexto ideal para la post-soberanía por vigilancia. Como la droga es invisible y no requiere plantaciones, el protectorado exige acceso total a bases de datos, aduanas y sistemas de correo del sur. La seguridad nacional de Estados Unidos se convierte así en la ley operativa de la región, transformando a los países vecinos en subsidiarias de vigilancia bajo el mando de Washington.
Esta serpiente no podría sobrevivir sin el refugio de las instituciones financieras internacionales. El narcotráfico de sintéticos integra cada año más de 350,000 millones de dólares al sistema formal, según estimaciones de la ONU y otros organismos internacionales. Las multas impuestas a los bancos por lavar capitales ilícitos no pasan de ser formalidades administrativas. Entidades que han movido billones de dólares pagan sanciones que representan una fracción ínfima de sus beneficios trimestrales, operando, en la práctica, como una licencia para delinquir. Es la normalización del crimen: el sistema prefiere cobrar una comisión al rufián antes que destruir su negocio principal.
Mientras se exige al sur que detenga moléculas invisibles, el norte suministra el hierro necesario para la guerra. Más de 200,000 armas de fuego compradas legalmente en Estados Unidos cruzan cada año la frontera hacia el sur. El norte provee la capacidad de fuego que sostiene el caos necesario para justificar la intervención posterior. El conflicto entre origen y destino es una tragicomedia de la desolación: el adicto del norte muere en el abandono de un sistema de salud desbordado, mientras el ciudadano del sur vive bajo la sombra de un protectorado que protege recursos como el litio, el gas y el petróleo, pero nunca las vidas humanas.
El autor es periodista y filólogo.
