Muchos panameños dimos el paso hacia la movilidad eléctrica motivados por una idea poderosa: energía renovable, cero emisiones y, en teoría, menores costos de operación. No fue una decisión impulsiva; fue un esfuerzo consciente por apostar a un mejor Panamá.
Hoy, sin embargo, ese sueño empieza a mostrar grietas.
El problema no está en el vehículo eléctrico, sino en el modelo de negocio que se ha construido alrededor de la recarga pública. Al analizarlo con números simples, la realidad es difícil de justificar: la energía se está revendiendo con márgenes cercanos al 200% respecto al costo residencial del kilovatio-hora (kWh).
En una factura residencial típica, el kWh ronda los 19 centavos. En estaciones de carga rápida, ese mismo kWh se vende cerca de los 47 centavos. No estamos hablando de generación ni de riesgos energéticos complejos, sino de la reventa de un insumo básico con una diferencia significativa de precio.
Aquí surge una pregunta incómoda: ¿se está informando correctamente al usuario o simplemente se está aprovechando un mercado en crecimiento?
El tema se vuelve más evidente cuando lo comparamos con la realidad actual del combustible en Panamá. Hoy, la gasolina de 95 octanos se ubica alrededor de B/.4.30 por galón.
La movilidad eléctrica nació con la promesa de ser significativamente más económica que la combustión. Sin embargo, cuando un usuario depende de la carga pública, esa ventaja se reduce drásticamente.
En términos prácticos, el costo por kilómetro de un vehículo eléctrico cargando en estaciones públicas empieza a acercarse al de un vehículo a gasolina. La diferencia existe, pero deja de ser contundente. Y eso cambia completamente la narrativa.
El ahorro es real si cargas en tu casa; sin embargo, ahí está el problema estructural.
No todos los panameños viven en casas unifamiliares. Una gran parte reside en edificios, PH o viviendas alquiladas, donde instalar un cargador no es sencillo o simplemente no es posible. Para ese segmento, la red pública no es un complemento: es la única opción. Y, bajo los precios actuales, esa opción pierde atractivo económico.
Esto deja de ser un tema técnico y pasa a ser un tema de mercado. Cuando pocos actores controlan la infraestructura de carga, controlan también el precio, el acceso y la viabilidad del sistema.
Aquí entra el rol del regulador. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) tiene la responsabilidad de analizar si esta actividad, por su impacto y concentración, debe evaluarse bajo criterios de interés público. La transición energética no puede depender únicamente de la lógica comercial sin supervisión.
También hay un punto que no se puede ignorar: el discurso de venta. Es válido promover la movilidad eléctrica, pero debe hacerse con transparencia. El ahorro no es universal; depende de condiciones específicas que no aplican a todos los usuarios.
Este no es un ataque a la movilidad eléctrica. Por el contrario, es una advertencia necesaria para proteger su viabilidad.
Si el modelo se mantiene como está, el resultado no será una transición inclusiva, sino un sistema donde solo algunos pueden beneficiarse plenamente.
Panamá no tiene un problema de tecnología.
Tiene un problema de estructura.
Y, si no se corrige a tiempo, la movilidad eléctrica corre el riesgo de convertirse en otra buena idea que, por falta de regulación y equilibrio, termina mal ejecutada.
El autor es expresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces.
