José Raúl Mulino gobierna con mínima legitimidad social. Su candidatura fue avalada por la Corte Suprema apenas días antes de las elecciones, pese a su irregular nominación. La desconfianza y el malestar ciudadano son evidentes.
La crisis no es solo de popularidad. Entre abril y mayo pasados, protestas en distintos puntos del país, urbanos y rurales, fueron reprimidas. Frank Ábrego, ministro de Seguridad, encabezó los operativos, dejando un saldo de muertos, heridos y un rosario de denuncias por abuso policial. Su perfil operativo y su cercanía con agencias estadounidenses lo colocan en una zona de suspicacia política: huele a bota militar en un país sin ejército. Su eventual liderazgo en un relevo presidencial atizaría la polémica.
El espejo peruano ilustra riesgos y oportunidades. Perú ha atravesado múltiples crisis presidenciales. Pedro Castillo intentó disolver el Congreso; Dina Boluarte asumió la presidencia y fue destituida el 10 de octubre de 2025 por el propio Congreso. La sucesión ocurrió dentro del marco legal, sin intervención militar, con José Jerí, presidente del Parlamento, como mandatario interino hasta las elecciones de 2026.
La lección es clara: un presidente sin legitimidad puede ser reemplazado por vía constitucional, preservando el orden democrático. En menos de un decenio, Perú ha tenido un presidente cada año y medio. Mandatos brevísimos, como los que vivió Panamá en la década de 1980: de Royo a Endara.
Camino legal similar ofrece Panamá. La Constitución de 1972, reformada en 2004, establece en su artículo 191 que, si el presidente falta de forma absoluta (y no fue electo vicepresidente, como mandata la norma), el Consejo de Gabinete debe elegir entre sus integrantes a un sustituto provisional e informar a la Asamblea Nacional. Se preserva así la continuidad institucional sin ruptura del orden democrático.
Dentro del Gabinete, tres mujeres podrían ser consideradas en caso de un relevo constitucional:
Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno: abogada, conciliadora y técnica, coordinadora de asuntos internos.
Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral: experta en políticas laborales.
Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social: enfocada en inclusión y apoyo a los sectores más vulnerables.
Sería un liderazgo femenino en medio de la tensión institucional. La Constitución permite la salida; el dilema es político: ¿quién puede asumir sin fracturar la institucionalidad?
Ya hubo una mujer en la silla de San Felipe. Mireya Moscoso fue pionera (1999-2004). ¿Podría repetirse el milagro bajo otra fórmula constitucional?
La experiencia peruana enseña que la legalidad puede sostener la transición, pero solo la legitimidad social garantiza la estabilidad. Mulino podría optar por blindarse mediante la represión o la manipulación política y alcanzar junio de 2029, fin de su mandato. Pero la Constitución también ofrece una vía pacífica y legal para que un miembro del Gabinete asuma temporalmente la Presidencia.
El país puede elegir la ruta constitucional y ciudadana. Un relevo encabezado por una mujer técnica y conciliadora no solo cumpliría la ley, sino que enviaría un mensaje de diálogo, institucionalidad y equidad de género. La alternativa —un liderazgo militarizado, como podría simbolizar Ábrego— abriría grietas peligrosas en un país sin ejército, excepción en América.
Panamá, ¿seguirá la vía legal y la prudencia institucional o se acercará a la lógica del poder por la fuerza? La Constitución ya tiene la respuesta.
El autor es periodista y filólogo.
