El 5 de marzo de 2026, los ministros de seguridad o de defensa (o de guerra para Estados Unidos) de 17 países del continente americano firmaron una declaración conjunta, tendiente a fortalecer la protección del hemisferio occidental en contra del narcoterrorismo. El documento no genera mayores deberes ni obligaciones que vulneren nuestra soberanía o que exijan el cumplimiento de las formalidades constitucionales para que sea ratificado por la Asamblea Nacional o por un referéndum ciudadano, si es que incluyera aspectos directamente relacionados con el Canal de Panamá. El acuerdo busca expandir la cooperación multilateral y bilateral para aumentar la seguridad del hemisferio occidental; reforzar la cooperación entre gobiernos respecto al cuidado de sus fronteras, contener el narcoterrorismo y el tráfico de drogas, aparte de reforzar sus infraestructuras para lograr estos objetivos, entre otros logros y necesidades que determinen mutuamente; además de contener futuras amenazas en contra de sus intereses mutuos a través del avance en el fortalecimiento de la paz; para finalmente constituir una coalición en contra del narcoterrorismo y otros flagelos que irían endetrimento de esta parte del mundo.
Es decir, este pacto suena más como una declaración de principios o de objetivos, para llegar a ideales, y eso no está mal. Porque al menos unifica criterios frente a posibles avisos que puedan surgir en contra de nuestra América en general. Pero entonces, al menos en Panamá, en vez de darse a conocer este documento de manera inmediata, del mismo se supo algún tiempo después de aquella “cumbre” denominada “Escudo de las Américas”. Reunión que fue convocada para el 7 de marzo, pero ante una formalidad que, en lugar de dar a conocer la situación plasmada en el documento explicado, se desvió hacia el engrandecimiento y liderazgo personal e individual del presidente de Estados Unidos.
Se trató de la proclamación única firmada por el presidente Trump, de logros que se realizarán en torno a la lucha contra los carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras que amenazan el hemisferio occidental. Incluso se dio la particularidad de que se repartió un bolígrafo a cada jefe de Estado, que terminaron guardándoselos en sus bolsillos sin haberlos usado. La propia Cancillería panameña publicó que esta reunión de mandatarios no había generado la firma de ningún documento. Más que una cumbre, fue una cita para que los 12 invitados sirvieran como testigos del convocante. Casi que se podía percibir la añoranza del patio trasero de parte del anfitrión. Se hizo alusión a posibles alianzas militares que, aunque en contra del narcotráfico pudieran, en el caso de Panamá, poner en duda nuestra condición de tener una vía de agua navegable arropada por un Tratado de Neutralidad Permanente o de Neutralización.
Queda claro que Panamá, como Estado, no es neutral. Pero su condición de país territorial sobre el Canal de Panamá nos coloca en una situación por la que debemos evitar tomar partido en alianzas de cualquier tipo y así no generar suspicacias ni dudas respecto a que tenemos una vía de agua abierta, neutral, segura y accesible a las naves de todas las naciones del mundo en términos de entera igualdad, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.
Fortalecer el concepto de la neutralización es la manera de evitar convertirnos en blanco de quienes crean o consideren que estamos siendo parte de las coaliciones de sus enemigos. Y tener claro que el multilateralismo que debemos buscar no es tomar partido en un conflicto armado a favor de alguien, sino defender nuestros intereses soberanos ante la intimidación de quienes, entre otras cosas, andarían por allí vociferando públicamente que el Canal es de ellos, que lo compramos por un dólar, que lo pretenden retomar o que, incluso, es su favorito.
El autor es abogado.
