Mucho se ha dicho sobre justicia penal y sistema penal acusatorio (SPA). Tendríamos que introducirnos en el meollo del asunto para conducirnos sin pasiones y con la suficiente precaución de no admitir falsedades ni tachar verdades, pues, como dijo Piero Calamandrei en una de sus obras, “la justicia es una cosa seria”.
Con voz trillada, un grupo creciente de influenciadores sociales intenta establecer la existencia de una relación inversamente proporcional entre el SPA y los altos índices de criminalidad y la sensación de inseguridad que experimenta nuestro país, dando a entender que a menor eficiencia de la justicia penal, mayor el número de incidencias delictivas y sentimiento de inseguridad en la sociedad. Sería irresponsable de nuestra parte afirmar que existe un modelo de justicia penal perfecto, como también lo sería negar que nuestro sistema procesal penal adolece de defectos que hacen urgente la adopción de cambios legislativos en aspectos puntuales que en nuestra práctica forense han creado diversos contratiempos.
No obstante, hay que entender que el SPA, como ruta para el ejercicio monopolizado del ius puniendi del Estado, solo constituye un eslabón en la cadena de eventos y medidas que deben emplearse como reacción social contra la criminalidad. La delincuencia como fenómeno social requiere una especial atención desde perspectivas ex ante y ex post, situación que no se satisface únicamente en el marco de una investigación o proceso penal, pues este camino constituye solo un momento, una vía transitoria por la que ha de conducirse al delincuente para colocarlo en posición de recibir un castigo por el mal producido con su conducta, pero que en el caso concreto de nuestra realidad, lejos de propiciar la corrección de la conducta errática, el delincuente queda seducido con la proclividad a vivir nuevas aventuras en el SPA, ante la falta de políticas de orientación, prevención y tratamiento de la delincuencia.
Del mismo modo considero equivocada la tendencia al aumento de las penas de prisión previstas en los delitos de mayor incidencia, como suficiente caución para mitigar o disminuir tales incidencias, pues de ser cierta esta premisa, tan solo habría que aumentar a mil años la pena de prisión para cada delito y problema resuelto. De manera tal que quien apunte hacia el SPA como el único y absoluto responsable de las altas tasas de criminalidad, comete el mismo error de quien pretende solucionar la gotera de un tejado colocando un recipiente debajo del mismo, ignorando que tarde o temprano el recipiente colmará su capacidad y el agua filtrada empezará a derramarse, tanto igual como ha empezado a desbordarse el SPA en la actualidad. Es como si se aplicara una justicia de primer mundo en un país de tercer mundo con un presupuesto de cuarto o quinto mundo.
Quizá las grandes expectativas generadas ante la entrada en vigencia del SPA, el bombardeo publicitario y la cada vez mayor exposición mediática de los casos, ha creado un mito como el de la panacea; aquél mítico medicamento buscado por los alquimistas en la edad media, bajo la creencia de que curaba todas las enfermedades y prolongaba indefinidamente la vida.
La justicia es la más celosa y alta función del Estado y no un espectáculo circense en busca de causar entusiasmo y pasión en el público espectador. Es inconcebible en estos tiempos un Órgano Judicial con un presupuesto mediocre y recortado a su mínima expresión, sin la implementación de una carrera judicial que brinde estabilidad a sus miembros. El resultado de esta ecuación es una justicia maltrecha y herida de muerte.
El autor es abogado.