Cuando consistentemente una institución no cumple las expectativas de la sociedad a la cual sirve; cuando sucesivamente la regentan hombres y mujeres provenientes de diferentes sectores de la vida nacional, sin que se resuelvan los graves problemas que la aquejan, cuando ello ocurre reiteradamente, es inútil dirigir la crítica a quienes la administran o buscarle sustitutos. El problema es estructural y hay que estudiar sus raíces para encontrar soluciones efectivas.
Tal ocurre con nuestro Órgano Judicial. Las quejas contra la institución no solo provienen de la ciudadanía y de distinguidos abogados. A estas, se suman los representantes de otros órganos del Estado, y hasta de la propia institución. No son nuevas, pero van in crescendo y puede llegar el momento en que alcance niveles sociales semejantes a los atmosféricos ocasionados por el huracán Harvey. De ser así, toda la estructura institucional del país, sobre la cual descansa su progreso, y no solo el Órgano Judicial, puede verse afectada.
El Órgano Judicial no es la única institución cuya integración ha quedado obsoleta. Pero, como decía Eusebio Morales: “Una administración de justicia incierta o nula es el veneno que más profundamente afecta y perturba el organismo social. Cuando la justicia no está garantizada, se protege la impunidad de los poderosos y de quienes disponen de influencia o dinero. Entonces, la confianza en la justicia social organizada se desmorona y prevalece la anarquía”.
Y allí está el urgente dilema que tiene el Panamá de hoy. O se restablece perentoriamente la confianza en la justicia cuestionada o el grado de bienestar y progreso que ha logrado Panamá puede trastocarse.
Desde luego que una situación tan seria debe tener muchas causas. Pero, hay que comenzar, como con un bisturí, separando la función de administrar justicia de la administración de la propia justicia. En la Corte Suprema de Justicia se concentran, no solo las responsabilidades de tomar las decisiones judiciales más importantes y delicadas, sino también la planificación de la institución, el manejo de su presupuesto, nombramientos y la administración que ya alcanza miles de personas y su considerable infraestructura a nivel nacional.
Hace poco se esperaba una decisión del pleno de la Corte Suprema y su presidente se excusó porque debía discutir el presupuesto de la institución con el ministro respectivo. Ambos temas eran importantes, pero el ejemplo demuestra la insostenibilidad de la estructura organizacional actual de Órgano Judicial, tanto por el conflicto en las atribuciones, como por la acumulación de funciones.
En primer lugar, lo anterior contribuye a la lentitud de los casos judiciales. A medida que los pleitos escalan a instancias judiciales superiores demoran más, al punto que se triplica la duración de la primera instancia.
En segundo lugar, el manejo del presupuesto y de los nombramientos no deja de guardar similitud con los que se dan en los otros dos órganos del Estado, solo que estos son los llamados a la actividad política y no así el Órgano Judicial. Opinamos que los magistrados y jueces, salvo por la organización de su propio despacho, no deben tener otra preocupación y responsabilidad que la de administrar oportunamente justicia.
En tercer lugar, el sistema no permite la planificación a largo plazo de la justicia.
Hemos devenido a luchas intestinas dentro de la institución, motivadas por elecciones bianuales de sus directivos, como si la trascendencia de la Corte Suprema de Justicia, que adopta sus decisiones como órgano colegiado estuviera en las personas que transitoriamente forman su directiva sobre los criterios jurídicos que debieran forjarse en la institución. Así, cualquier programación y valores superiores resultan efímeros.
En cuarto lugar, se ha perdido el sano control y equilibrio (check and balance) sobre las funciones judiciales. Tiempo hubo en que ministros, gobernadores y alcaldes, para garantizar eficiencia, mensualmente llevaban inventario de los casos que atendían magistrados y jueces. El sistema se eliminó para evitar injerencias sobre la independencia de la justicia, pero no fue sustituido por otro equivalente. Y ahora tenemos que la Corte Suprema de Justicia acuciosa en fiscalizar los términos de los abogados; en recientemente cuestionada decisión, también anula investigaciones del Ministerio Público por supuestas demoras y, sin embargo, nadie fiscaliza los términos de sus propias actuaciones.
Ya otros países han adoptado un organismo intermedio que se encarga de administrar al sistema judicial. Proponemos que en Panamá se adopte un sistema similar. Mientras se logra la reforma constitucional que establezca un organismo o Consejo de la Judicatura, sugerimos agregar una nueva sala a la Corte Suprema de Justicia que se encargue exclusivamente de los asuntos administrativos del Órgano Judicial. De esa manera, iremos logrando que jueces y magistrados tengan por misión no el poder, sino la justicia.
El autor es abogado