Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 478, que crea el mercado competitivo de descuento de facturas certificadas, públicas y privadas, mediante la cesión de cuentas por cobrar a fideicomisos autorizados para la reactivación económica.
A mi juicio, es la primera iniciativa legislativa que apunta directamente a la reactivación económica y laboral del país. La capacidad de la economía para generar empleo depende directamente de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez.
El mayor generador de empleo con poco acceso a financiamiento
En 2023, la Dirección General de Ingresos (DGI) categorizaba como microempresarios a 120 mil 230 personas naturales y 30 mil 241 sujetos jurídicos o microempresas que generan ingresos de hasta $150 mil al año.
En 2024, 83.5% de los patronos activos en la Caja de Seguro Social (CSS) tenían entre 1 y 10 trabajadores; otro 12.5% correspondía a empresas entre 11 y 50 trabajadores, mientras que solo el 4% tenía planillas superiores a 50 empleados. Es decir, cuando hablamos de “empresa privada”, nos referimos principalmente a microempresarios.
No obstante, según información de la Superintendencia de Bancos, a noviembre de 2025, el saldo de la cartera de créditos a microempresas era de $3,358.35 millones, lo que representa el 12% del total de financiamientos bancarios al sector productivo.
Los problemas de ‘chen chen’ se resuelven con ‘chen chen’
Entre 2019 y 2024, la economía panameña perdió unos $4,665 millones de recursos privados, que incluyen $900 millones anuales de menores compras de la actividad minera a otras actividades económicas, $2,165 millones menos en financiamientos bancarios al sector productivo y unos $1,600 millones de menor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED). Consecuentemente, en 2024, Mitradel tramitó unos 100,000 contratos laborales menos que en 2019, una caída del 26%.
Esto creó las condiciones para una fuerte contracción del consumo en la primera mitad de 2025. Las recaudaciones del ITBMS cayeron 11% frente a 2024, lo que indica una reducción de $128 millones mensuales de consumo a nivel nacional.
El “epicentro” de la contracción estuvo en Panamá y Panamá Oeste, que entre agosto de 2023 y octubre de 2024 perdieron más de 125,000 empleos y $60 millones mensuales de masa salarial (Informe Laboral del INEC, Cuadro 25), representando el 47% de la contracción del consumo a nivel nacional.
La masiva pérdida de empleo formal y la mayor austeridad en el gasto discrecional por parte de las familias panameñas en rubros no esenciales como comida y medicinas impactaron directamente al comercio, los servicios financieros y la educación privada, sectores que perdieron 28% de sus trabajadores formales.
Los restaurantes reportaron bajas de entre 20% y 40% en sus ventas frente al primer semestre de 2024, mientras que los centros comerciales registraron caídas del 20% y, hasta septiembre de 2025, el consumo de bebidas alcohólicas había disminuido 12%, incluyendo 11% en cerveza, 7% en seco y 48% en ron.
A partir del segundo semestre de 2025 comenzaron a darse indicios de mayor confianza, concretamente en materia de inversión privada y consumo. Entre enero y noviembre de 2025, los financiamientos bancarios al sector productivo aumentaron 8% frente a 2024; el consumo mensual en el segundo semestre fue $100 millones mayor que en el primer semestre y el promedio de nuevas contrataciones laborales tramitadas mensualmente por Mitradel en la segunda mitad del año fue 17% superior al primer semestre.
Uso de mecanismos propios de la economía para inyectar liquidez
La iniciativa propone que la cuenta por cobrar aceptada por entidades del Estado y empresas privadas con más de $50 millones anuales en ventas sea la columna vertebral del esquema.
La misma esboza un marco legal para el registro, certificación, negociación, cesión y descuento, a través de plataformas digitales de fideicomisos privados autorizados, de obligaciones de pago devengadas y reconocidas (cuentas por pagar), derivadas de la adquisición de bienes, obras o servicios recibidos a satisfacción, tanto por entidades del Estado como por deudores privados, con el fin de proveer certeza de pago, liquidez, trazabilidad, transparencia y eficiencia en las cadenas de suministro.
Dicha certificación fijaría una fecha de pago irrevocable, tanto para entidades públicas como privadas, por lo que no implica emisión de deuda pública u operación de financiamiento por parte del Estado, sino el reconocimiento y la calendarización de obligaciones previamente devengadas y reconocidas.
La certificación de la obligación se convierte en una fuente de repago y en un instrumento negociable que minimiza la necesidad de garantías y otros requisitos que históricamente han dificultado el flujo oportuno de liquidez hacia las MiPymes.
El autor es asesor empresarial.
