Tras la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos, la Presidencia de la República de Panamá comunicó una serie de acuerdos entre los gobiernos estadounidense y panameño.
Dicho acuerdo contraviene el Tratado de Neutralidad, el cual no establece ningún tipo de compensación por el pago de peajes o cargos para los buques de guerra o auxiliares estadounidenses.
En caso de que los encargados de la política exterior panameña no estén familiarizados con los tratados vigentes, cabe recordar que fue el ya expirado Tratado del Canal de Panamá el que contemplaba exoneraciones de pagos para buques estadounidenses hasta el año 1999, cuando el Canal fue oficialmente transferido al Estado panameño.
El comunicado de la Presidencia constituye una flagrante violación a la Constitución y al principio de neutralidad que debe regir nuestra política exterior. De no respetarse, Panamá arriesga su legitimidad como punto estratégico del comercio internacional y como motor de una economía basada en servicios.
Tras la publicación, las relaciones multilaterales de Panamá parecen orientarse más al servicio de intereses particulares —tanto en la Ciudad de Panamá como en Washington, D.C.— que al fortalecimiento del comercio exterior. Es urgente reafirmar que el eje de la diplomacia panameña debe ser una posición independiente, tanto por la estabilidad operativa del Canal como por el ejercicio soberano de nuestros recursos y relaciones económicas.
Además, la declaración conjunta menciona el aumento de actividades y ejercicios conjuntos entre la Armada estadounidense y los estamentos de seguridad panameños, bajo el pretexto de garantizar la seguridad del Canal. Se invoca erróneamente el Tratado de Neutralidad para justificar tales acciones. Es importante aclarar que, según dicho tratado, Panamá es el único responsable de la administración, operación y defensa del Canal. Solo el Estado panameño puede mantener presencia militar dentro de su territorio.
La enmienda DeConcini, que algunos interpretan de forma errada, indica que Estados Unidos podría intervenir únicamente para restablecer la neutralidad del Canal en caso de amenaza, pero no para ejercer control directo ni establecer presencia militar permanente.
La declaración conjunta adopta una postura parcial, agresiva y arrogante, que profundiza la crisis de la política exterior panameña. Se convierte en una acción unilateral del Gobierno Nacional en medio de la disputa comercial entre las grandes potencias, y representa un uso inapropiado de los recursos diplomáticos que deberían preservar nuestra condición de economía de servicios y aliado estratégico verdaderamente independiente.
La decisión de no renovar el Memorándum de Entendimiento sobre la Franja y la Ruta contrastaba con la postura asumida por el gobierno de José Raúl Mulino, que ahora parece haber cedido de forma complaciente y entreguista, comprometiendo la neutralidad de la política exterior panameña.
Las amenazas de ciertos voceros del gobierno estadounidense sobre retomar control del Canal, bajo el argumento de que “nos lo regalaron a nosotros y no a China”, ignoran que el Canal ha sido administrado con eficiencia por Panamá durante más de 25 años. La ampliación fue financiada y ejecutada por manos panameñas y hoy genera más del 50% de los ingresos del Canal.
El Gobierno debe aprovechar la experiencia acumulada y los recursos técnicos desarrollados durante este periodo de administración para fortalecer nuestra soberanía, nuestras estrategias diplomáticas y nuestra inserción internacional como Estado neutral, eficiente y respetado.
El autor es internacionalista.
