“El amor es el amor, y el amor vence todo”. Estas verdades se repiten con un nuevo significado y ritmo gracias a la cada vez más extensa implementación del matrimonio civil igualitario en el mundo.
Estas frases se escucharon repetidamente en las últimas semanas en el Capitolio de Estados Unidos y en la Casa Blanca. Una mayoría extraordinaria y bipartidista aprobó en el Senado y en la Cámara de Representantes una ley que reconoce y protege, a nivel nacional, los matrimonios civiles celebrados por parejas del mismo sexo.
Con esta inmensa mayoría, Estados Unidos reconoce que su experiencia con el matrimonio igualitario ha quedado cimentada como un derecho ampliamente aceptado y al mismo tiempo constituye una prueba de que dicho reconocimiento no ha debilitado en lo más mínimo el matrimonio “tradicional”.
Mas allá, en todas las Américas, el matrimonio civil igualitario ha sido reconocido legalmente por los países que representan más del 85% de la población del continente, incluyendo a Cuba, la última jurisdicción en sumarse a esta lucha por la igualdad.
En Panamá, sin embargo, el debate quedó estancado. Hace más de seis años, dos parejas pidieron a la Corte Suprema de Justicia que Panamá reconociera sus matrimonios contraídos en otros países. A ellas se han ido sumando otras parejas, de panameños y de panameñas, que demandan que cese la discriminación, esa que impide que el derecho civil les reconozca sus derechos y les cobije como al resto de los panameños.
Esa negativa de los funcionarios autorizados por ley para celebrar matrimonios contra una minoría por razón de su orientación sexual, es pura discriminación. El Estado, sin otra razón, ha colocado a estas parejas en una segunda clase, en un segundo vagón, menospreciando su compromiso, su “sí acepto”, pese a que su amor no daña a nadie.
Panamá no tiene justificación para seguir empecinada en una injusticia y, menos aún, quedarse al margen de la creciente lista de países que han sabido enmendarla. Ya todos los argumentos en contra del matrimonio igualitario han sido expuestos, debatidos jurídicamente y desechados por ser irracionales.
Mucho se litigó en Estados Unidos. Se presentaron cientos de casos en los que los contrincantes tuvieron la oportunidad de presentar argumentos, pruebas y opiniones de peritos. En mi condición de representante del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York y por invitación de las parejas querellantes en Panamá, tuve el privilegio de comparecer ante la Corte Suprema y presentarle a los magistrados panameños un resumen de ese gran debate legal con la intención de que el derecho comparado enriqueciera sus discusiones jurídicas.
El matrimonio civil igualitario cumple con la obligación de respetar la dignidad de cada persona contra un tratamiento inferior sin justificación. Los gremios de médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y muchos más coincidieron en que los estudios científicos rigurosos establecen que al prohibir el matrimonio igualitario resulta en daños serios, tanto a las parejas como a sus hijos biológicos o adoptivos. Al conceder el matrimonio civil igualitario, en contraste, se confieren muchos beneficios a las parejas y sus hijos en cuanto a su salud y bienestar. Economistas también demostraron los múltiples beneficios económicos que se generan, tanto a las personas que pueden casarse y sus hijos y familias como a la sociedad en general.
Cada argumento que intentó señalar al matrimonio igualitario como causante de una supuesta “destrucción de la familia” o de la institución del matrimonio, fracasó. Las tasas de matrimonio y divorcio, como demuestran las estadísticas de manera contundente, no han sido afectadas en lo más mínimo. Y en cuanto a la religión, el derecho de libertad de culto se defiende para las parejas cuya fe las apoya y la ley no impide a ningún otro creyente el libre ejercicio de sus creencias.
En fin, una revisión minuciosa en decenas de casos confirma que los argumentos en contra son infundados y no hay razón para que Panamá no adopte el matrimonio igualitario.
El autor es abogado, especialista en derechos humanos y directivo del Vance Center para la Justicia Internacional del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York.
