En el contexto de la economía global, la digitalización ha transformado de manera irreversible los patrones de consumo, la educación, el entretenimiento y las dinámicas laborales.
Dicho lo anterior, en Panamá, un país históricamente caracterizado por su rol de plataforma de servicios globales y conectividad, el acceso a plataformas digitales extranjeras —como mercados de comercio electrónico (e-commerce), servicios de transmisión multimedia (streaming), almacenamiento en la nube y software de productividad— se ha convertido en una necesidad fundamental para el desarrollo humano y profesional de todos los sectores sociales.
En este sentido, el MEF planeó una iniciativa destinada a captar ingresos a través de la aplicación de gravámenes como el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) al consumo en plataformas digitales.
Al respecto, esas propuestas suelen presentarse bajo la narrativa técnica de “modernización tributaria” en relación con el comercio local tradicional, pero la realidad económica demuestra lo contrario, ya que estas medidas se traducen en un impuesto directo a un único sector de la rueda productiva: el consumidor final.
Sin embargo, el escenario cambió repentinamente y de golpe. Mientras estas líneas se redactaban bajo la premisa de un inminente zarpazo al bolsillo, el ministro de Economía y Finanzas se vio obligado a dar un fulminante “pa’ atrás” y retirar la propuesta. Lo que se perfilaba como un debate legislativo inevitable se transformó, en cuestión de horas, en una capitulación forzada ante una implacable ola de críticas ciudadanas. El rechazo unánime demostró que este impuesto no era cónsono con la realidad del ciudadano de a pie, un contribuyente común que ya carga con el peso de los impuestos tradicionales en su salario, sus compras y sus servicios básicos, y que vio en este gravamen digital un abuso intolerable a sus opciones de entretenimiento, educación y consumo moderno.
Cuando un Estado decide implementar una retención fiscal a través de las entidades bancarias o las tarjetas de crédito para gravar las compras en plataformas extranjeras, las empresas multinacionales tecnológicas no absorben dicho costo. Debido a su posición de mercado y a la inelasticidad de la demanda de ciertos servicios esenciales, el gravamen se suma íntegramente al precio final facturado al usuario. En consecuencia, un estudiante que adquiere un software especializado para su formación universitaria, un profesional independiente que utiliza herramientas en la nube para exportar servicios o una familia que opta por el entretenimiento digital en el hogar sufren una reducción directa en su poder adquisitivo real.
Aunque el “pa’ atrás” no asegura ser definitivo, sería oportuno que el MEF reflexionara sobre por qué no optar, mejor, por un sacrificio fiscal enfocado en sectores más pujantes que tienen una mayor capacidad contributiva y altas utilidades anuales.
La teoría de las finanzas públicas establece que los sistemas tributarios deben guiarse por el principio de capacidad contributiva, exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a aquellos sectores que acumulan las mayores ganancias económicas.
Panamá posee una economía dual, donde un dinámico sector transnacional coexiste con una economía interna más rezagada. Históricamente, las industrias más pujantes de la nación han disfrutado de amplios marcos de incentivos y regímenes fiscales especiales. Por ejemplo:
El sector financiero y bancario consolida anualmente utilidades multimillonarias. A pesar de su alta rentabilidad y de ser uno de los motores del crecimiento macroeconómico, los márgenes de contribución fiscal corporativa de estas grandes entidades podrían ser revisados y optimizados antes de recurrir a la retención de centavos en las tarjetas de débito de los consumidores comunes.
El conglomerado logístico y marítimo, como el Canal de Panamá, los grandes puertos de contenedores y las zonas francas, comprende sectores de altísima productividad. Si bien generan aportes importantes al Estado, la fiscalización de las grandes concesiones y la actualización de las tarifas por el uso de la posición geográfica nacional ofrecen un potencial de recaudación masivo que no altera el costo de vida de las familias panameñas.
Y en cuanto a las multinacionales e ingresos pasivos, la legislación panameña ha avanzado en la regulación de la sustancia económica para empresas multinacionales que manejan ingresos pasivos desde el exterior. El estricto cumplimiento y la fiscalización rigurosa de estas corporaciones globales que utilizan la plataforma jurídica del país para optimizar sus patrimonios representan una fuente de ingresos legítima, justa y de alto volumen.
¿Por qué no aplicar una medida impositiva a los juegos de azar, máquinas tragamonedas y servicios conexos? ¿O a las concesiones no metálicas? ¿O imponer cargas fiscales a todas las concesiones que administren un servicio público o algún bien público? ¿O reducir salarios, el décimo cuarto y quinto mes o los jugosos bonos que recientemente han aprobado las juntas directivas de las empresas públicas? Estoy seguro de que con estos ajustes no se recogen 100 millones, sino tres o cuatro veces más de lo que el MEF proyecta recaudar.
Un sistema tributario moderno no debe ser una herramienta puramente recaudatoria que asfixie el dinamismo social; muy por el contrario, debe ser un instrumento de desarrollo. La insistencia en crear o extender impuestos al consumo selectivo o digital refleja una visión fiscal cortoplacista y carente de sensibilidad hacia las realidades económicas de la clase trabajadora.
Y es que nuestra Constitución Política centra su base y sus principios en la definición de un estado de bienestar. Pretender gravar con un impuesto al consumo el acceso a la tecnología, mientras la población sufre los efectos de un ajuste salarial mínimo reciente de apenas el 1% y un costo inalcanzable de la canasta básica, es una traición al mandato constitucional de bienestar social confiado en las urnas.
La justicia fiscal que Panamá necesita exige que su administración mire hacia arriba, aplicando auditorías estrictas a otros sectores “pujantes” de la economía, y entienda, de una vez por todas, que el bienestar de la gente está por encima de cualquier afán recaudatorio que afecte la economía de los hogares.
El autor es exministro de Trabajo y especialista en Normas Internacionales del Trabajo.
