Las autoridades sanitarias advierten sobre la escasez de médicos especialistas, problema que también afecta a otros profesionales y no solo se debe al número de personal, sino a la organización y distribución del sistema sanitario. Panamá tiene programas estatales y privados de formación, pero el mercado laboral ha cambiado y el modelo público no se adapta completamente; hospitales públicos y privados compiten por el mismo talento. Para atraer y retener profesionales, el Estado debe ofrecer condiciones laborales competitivas, ya que, si no hay incentivos adecuados, resulta difícil cubrir puestos clave, incluso en especialidades esenciales y zonas urbanas.
Si el Estado invierte en formar profesionales, pero luego enfrenta problemas para retenerlos, el análisis debe centrarse en mejorar las condiciones laborales y las oportunidades de desarrollo. Es fundamental revisar cómo se usan los recursos humanos y ajustar los mecanismos existentes a las demandas actuales del mercado y del sistema sanitario. El objetivo es equilibrar la responsabilidad por la formación financiada y la necesidad de ofrecer condiciones que incentiven la permanencia en el servicio público.
Con frecuencia, las dificultades de los servicios de salud se atribuyen a una supuesta pérdida de vocación o de ética profesional. Sin embargo, la mayoría de quienes elegimos una profesión sanitaria lo hacemos con verdadera vocación de servicio. Esa vocación no implica renunciar a las aspiraciones personales ni aceptar cualquier condición laboral.
Los profesionales pueden mantener sus principios éticos y, al mismo tiempo, buscar mejores ingresos, estabilidad y calidad de vida. El juramento hipocrático no obliga a trabajar para el Estado ni exige rechazar la práctica privada. Por ello, los problemas estructurales del sistema no deben reducirse a una supuesta pérdida colectiva de valores.
Un sistema de salud no debería depender permanentemente del sacrificio individual ni del heroísmo de sus profesionales. El Estado tiene la responsabilidad de crear condiciones atractivas para retener el talento, exigir el cumplimiento de las obligaciones profesionales y ofrecer desarrollo profesional, remuneración competitiva y estabilidad.
No se trata de combatir la medicina privada
Nada de lo planteado se opone a la práctica privada de la salud. Combatirla sería inconveniente e irreal. Panamá necesita que tanto el sector público como el privado puedan desarrollarse plenamente.
La medicina privada aporta inversión, tecnología, empleo y una mayor capacidad asistencial. Por eso, el objetivo no debe ser debilitarla ni impedir que continúe creciendo, sino conseguir que el servicio público resulte igualmente competitivo y atractivo para los profesionales de la salud.
La meta no es debilitar la medicina privada, sino hacer competitivo y atractivo el servicio público.
Para lograrlo, quizá sea necesario dejar atrás algunos paradigmas laborales antiguos y revisar las formas tradicionales de organizar el empleo público sanitario.
Una nueva carrera sanitaria
Panamá debe analizar un nuevo régimen de personal para los servicios públicos de salud. La finalidad sería construir una carrera sanitaria capaz de atraer, desarrollar y retener a los profesionales necesarios para garantizar una atención adecuada.
Esta carrera sanitaria podría basarse en concursos para ocupar cargos críticos, ascensos por méritos, evaluaciones periódicas, educación continua e investigación. De este modo, el acceso y el progreso profesional estarían vinculados a criterios transparentes, al desempeño y a la actualización permanente.
Entre las alternativas también podría considerarse un régimen de dedicación institucional exclusiva. Este régimen podría ser voluntario o resultar necesario para determinadas funciones estratégicas, siempre acompañado de mejores remuneraciones y de condiciones laborales competitivas.
La exclusividad debe entenderse como una relación de reciprocidad: cuanto mayor sea el compromiso profesional exigido por el Estado, mayor debe ser también el compromiso del Estado con el profesional. No sería razonable exigir dedicación exclusiva sin ofrecer a cambio condiciones que hagan posible y atractiva esa decisión.
No se trata de eliminar la práctica privada ni de imponer una fórmula única para todos los profesionales de la salud. Los modelos deben estudiarse con flexibilidad, de acuerdo con las características de cada cargo. También es fundamental establecer reglas transparentes, horarios verificables y criterios claros para definir los conflictos de interés, así como garantizar a la ciudadanía el servicio público por el que el Estado paga.
La integración de los servicios públicos de salud exige reorganizar el recurso humano, no solo coordinar instalaciones o compartir expedientes. La integración institucional no será suficiente si los médicos, enfermeras y técnicos continúan dividiendo su jornada entre distintos centros bajo reglas laborales desactualizadas.
La coordinación entre instituciones requiere también una organización adecuada de las personas que trabajan en ellas. Panamá enfrenta dificultades relacionadas con la organización, los incentivos y la distribución del personal sanitario, además de los retos vinculados con su formación.
Sin una fuerza laboral eficiente y correctamente distribuida, el Estado no podrá garantizar una cobertura universal ni una atención rápida. Por eso, cualquier proceso de integración debe incluir una revisión del régimen de personal y de la manera en que se asignan las responsabilidades, los horarios y los servicios.
¿Qué hacen otros países?
No es necesario inventarlo todo desde cero. Los sistemas sanitarios desarrollados han regulado de distintas maneras la tensión entre la medicina pública y la privada. Canadá limita la doble práctica; España establece compatibilidades; Francia, el Reino Unido, Australia e Irlanda aplican diversos mecanismos regulatorios. Alemania, por su parte, creó una estructura hospitalaria jerarquizada con reglas claras para la actividad privada.
Estos sistemas no deben copiarse literalmente. Sin embargo, pueden analizarse para responder preguntas importantes sobre la dedicación exclusiva, la regulación de la práctica privada, la productividad, los conflictos de interés, la educación continua, la distribución de especialistas y las obligaciones asociadas a la formación pública.
El propósito de estudiar estas experiencias no es trasladar modelos ajenos, sino identificar elementos útiles para diseñar una solución adaptada a Panamá y a las características de su sistema sanitario.
Es necesario preguntarse si el auge de la medicina privada en Panamá se debe únicamente al aumento de la demanda y de la capacidad económica, o si también refleja las deficiencias del sistema público. Para responder a esta cuestión, se debe investigar cuántos funcionarios están realmente disponibles para el sector público, dónde trabajan y cuánto tiempo dedican a sus funciones.
El número de médicos registrados no garantiza atención inmediata. Importa cuántos están disponibles, cómo se distribuyen y si el sistema aprovecha su talento. La cobertura universal requiere una carrera sanitaria pública atractiva y bien remunerada para retener profesionales; el problema es la falta de un sistema que incentive su permanencia.
El autor es neurocirujano.
