Panamá, 14 de abril de 2023
Licenciada
Rita Vásquez
Directora editorial
Diario La Prensa
Ciudad de Panamá
Licenciada Vásquez:
El propósito de la presente es hacer formal uso de nuestro derecho a réplica, en virtud de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, por la noticia con el título “Diputada Yanibel Ábrego adquiere más tierras estatales por centavos”, publicada en la edición del diario La Prensa del lunes 10 de abril de 2023, bajo la autoría de la periodista Ereida Prieto-Barreiro.
Esta noticia contiene falsedades y hace graves omisiones que constituyen mala práctica periodística.
Como persona pública comprometida con los valores democráticos, defiendo la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, sin embargo, también tengo claro que estas libertades no le dan derecho a un medio de comunicación a mentir, como ha hecho el diario La Prensa en la noticia antes mencionada.
El libre ejercicio del periodismo va ligado a la responsabilidad de difundir información veraz y precisa, y cuando un medio de comunicación publica algo que no es cierto, es su obligación reconocerlo y repararlo públicamente, con el mismo alcance, dimensión y difusión de la noticia original. No admitir la publicación con falsedades es imprecisiones, es indicio de la intención de infligir un daño a las personas afectadas por la noticia, es decir es señal de la existencia de dolo.
En su titular, el diario La Prensa afirmó categóricamente que mi persona adquirió “tierras estatales”. Esa afirmación falsa se repite a lo largo del texto de la noticia.
Adicional, el diario La Prensa omitió el hecho de que las 18.4 hectáreas en el corregimiento Cirí Grande de Capira, a las que se refiere la noticia, fueron objeto de un derecho posesorio de un ciudadano panameño, previo al proceso de titulación que realizó la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), que inició en el año 2012. Es más, la noticia de La Prensa no hace mención alguna de la frase “derecho posesorio”, que es un concepto imprescindible para que este periódico pudiera exponer ante su audiencia la situación real del polígono de 18.4 hectáreas en Cirí Grande.
Si bien, es asombroso que un diario con la trayectoria que tiene La Prensa haga un reportaje sobre esas 18.4 hectáreas de tierras en Cirí Grande y no mencione que estas eran objeto de un derecho posesorio de un ciudadano panameño, es aún más sorprendente que este medio afirme que mi persona hizo “compras” (verbo utilizado en la noticia) de estas tierras al Estado.
Como ciudadana, me cuesta entender que el diario la periodista Ereida Prieto-Barreiro y el diario La Prensa hagan afirmaciones de forma irresponsable, sin siquiera haber leído que la Ley Orgánica de la ANATI (Ley 59 de 8 de octubre de 2010) para percatarse que esta entidad no posee tierras estatales ni tiene la facultad de hacer transacciones de compra-venta de estas.
El pago que se hace a la ANATI, como se explican en las resoluciones emitidas por esta entidad, corresponden al valor de la adjudicación, es decir del trámite de titulación y no de la compra-venta, como mal interpretó la periodista de La Prensa en su publicación.
La publicación del 10 de abril pasado contiene otras falsedades, como afirmar que la retroexcavadora del Municipio de Capira, que aparece en una foto, está en mi
propiedad y también comentarios que no son propios del periodismo serio, como la admisión de incorporar información “no confirmada”, como se indica en el décimo sexto párrafo de la noticia. Esto, sin mencionar el abuso en la utilización de fuentes anónimas para hacer referencia a situaciones disparatadas, como que yo suelo llego en helicóptero a los lugares alejados del distrito de Capira.
Por todo lo antes sustentado, solicito al diario La Prensa que, por el derecho que me otorga la Ley 22 de 29 de junio de 2005, cumpla con su obligación legal de publicar íntegramente mi réplica, reconozca que ha difundido información falsa en la entrega del pasado 10 de abril y desista de seguir publicando noticias que faltan a la verdad sobre mi persona.
Sin más por el particular, se despide.
Atentamente,
Yanibel Ábrego
Respuesta a la réplica
La diputada Yanibel Ábrego afirma que la publicación sobre las 18.4 hectáreas que adquirió en Capira no son tierras nacionales. “Esa afirmación es falsa”, sostuvo. Sobre ello, cabe recordarle que el artículo 4 de Ley 80 de 2009, que reconoce los derechos posesorios y regula la titulación de tierras, indica que se “otorgará títulos de propiedad a las personas que tengan posesión de un terreno ubicado sobre bienes patrimoniales de la Nación, zona costera adjudicable y tierras baldías nacionales que sean competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el pago del precio calculado”.
También aclara que, mientras que el posesor (de la tierra) no haya obtenido su título de propiedad, la posesión legítima se mantendrá y se regirá por lo establecido en el Código Civil. “Si el Estado decide vender tierras sobre las cuales existen derechos posesorios legítimos, el poseedor de este derecho tendrá la primera opción de compra” (las negritas son nuestras). En consecuencia, todas las solicitudes que se hacen en Anati son para solicitar tierras nacionales y pasan a nombre de una persona cuando esta recibe el título de propiedad, tras pagar el precio que determine la tabla de valores si el Estado decide vender. En su caso, sus 18.4 hectáreas fueron vendidas a $120.
Ábrego indica que La Prensa “omitió” que las tierras en Capira fueron objeto de un derecho posesorio, previo al proceso de titulación de Anati que inició en 2012 y que no se hace mención alguna de la frase “derecho posesorio” en la noticia. En los documentos de titulación de la Anati que la favorece con las tierras y que aparecen en el Registro Público no se menciona que se trate de tierras compradas en 2012, a través de un derecho posesorio que la diputada adquirió a una persona de la que tampoco se menciona su nombre. La escasa información que aparece en los documentos fue publicada por La Prensa el pasado 10 de abril. Eso, sin mencionar el hecho de que en las respuestas a un cuestionario de este medio sobre las tierras que adquirió, la funcionaria no dijo una palabra sobre lo que alega ahora: haber comprado derechos posesorios a un tercero. Además, entre los requisitos que exige la Anati para dar reconocimiento al derecho posesorio y titulación está el que la persona beneficiada indique, entre otros puntos importantes, el uso que le está dando al terreno solicitado. Esta información tampoco aparece en los documentos de los dos títulos de propiedad que recibió Ábrego de la Anati.
La funcionaria también afirma que es falso la presencia de una retroexcavadora del Municipio de Capira, captada en fotografía, en su propiedad. La investigación que indica que este medio conoció que, tras estos trabajos, el equipo pesado sufrió desperfectos mecánicos y que desde marzo pasado es custodiado en una casa cercana a la escuela de la comunidad. La diputada omite en su aclaración que este medio le preguntó en un cuestionario que se le envió antes de la publicación del reportaje por qué equipo pesado municipal realizó trabajos de apertura de calle en su finca en Caracoral, y que eludió responder de forma directa. Adujo que el Municipio de Capira estaba realizando mejoras a la calle de esa comunidad y de otras tres que mencionó.
En cuanto a la tenencia de otros terrenos en Arenilla y en El Cacao de Capira, la información fue proporcionada a este medio por fuentes vinculadas a la compraventa de estos terrenos.
Sobre su llegada a esas tierras en helicóptero, este medio también preguntó al respecto y se consignó su respuesta de manera textual en la publicación.
La Prensa reconoce que, si hay algo que corregir, es que, como alega la diputada, “el pago que se hace a la Anati, como se explican en las resoluciones emitidas por esta entidad, corresponden al valor de la adjudicación, es decir del trámite de titulación y no de la compra-venta, como mal interpretó la periodista de La Prensa en su publicación”. En consecuencia, la noticia tendría que haber dicho que esas tierras fueron concedidas por la Anati sin que la diputada tuviera que desembolsar un solo centavo por ellas. La funcionaria solo pagó por el trámite de hacerlas de su propiedad.
* Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.