El nuevo decreto ejecutivo propuesto por el Ministerio de Ambiente y su flamante ministro Juan Carlos Navarro constituye un freno burocrático más a la inversión y a la generación de empleo en Panamá. Aunque actualmente está sometido a consulta pública, nadie garantiza que las observaciones o modificaciones presentadas sean realmente consideradas; por lo general, no lo son.
La normativa representa un retroceso preocupante para la promoción de nuevas inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico sostenible. Lejos de facilitar iniciativas productivas, impone cargas, plazos y riesgos que podrían ahuyentar tanto al capital nacional como al extranjero.
Requisitos excesivos y tramitología contraria al desarrollo
El decreto establece múltiples formalidades, estudios especializados y procesos de participación ciudadana que, si bien son importantes en el contexto ambiental, terminan magnificando la burocracia y la inseguridad jurídica. Cualquier EsIA, sin importar su categoría, requerirá consultores adscritos, foros y consultas previas, además de informes adicionales sobre cambio climático, huella de carbono y planes de compensación. Todo esto eleva los costos y extiende los tiempos de revisión hasta niveles inéditos.
La “reexaminación perpetua”
Uno de los aspectos más polémicos es la facultad que otorga al Ministerio de Ambiente para ordenar de oficio la reexaminación de los proyectos ya aprobados, bajo causales abiertas como “nueva información científica”, cambios tecnológicos o cualquier indicio técnico no contemplado en la aprobación inicial. Este mecanismo implica que ningún EsIA, y por tanto ningún permiso ambiental, sería definitivo. Toda inversión podría verse sujeta a nuevas revisiones, exigencias o paralizaciones administrativas, incluso por motivos políticos. En lugar de brindar certeza legal, se instauraría un escenario de incertidumbre permanente, incompatible con la lógica de negocios y desarrollo.
La paradoja de la fragmentación
El decreto refuerza la prohibición de fragmentar proyectos para evadir la evaluación integral, lo que en principio es correcto. Sin embargo, en la práctica panameña, el principal fragmentador ha sido el propio Estado, que en megaproyectos de infraestructura, construcción, energía y transporte ha dividido obras en fases o contratos menores para agilizar trámites. La nueva norma deja a discreción de la autoridad definir qué constituye fragmentación, sin establecer medidas correctivas cuando es el propio Estado quien incurre en esas prácticas.
Un golpe a la inversión y al empleo
El resultado será menos inversión privada, menos empleo y menor desarrollo. Además, muchos contratos estatales establecen que el contratista —y no la entidad pública— debe elaborar y pagar los estudios de impacto ambiental, lo que agrava la carga sobre el sector productivo.
El efecto combinado de la reexaminación constante y la prohibición restrictiva de fragmentación profundiza la tramitología, afectando tanto al sector privado como al público. Panamá corre el riesgo de convertirse en un terreno hostil para la inversión responsable, sin que ello implique mejores resultados ambientales, que siguen siendo una deuda pendiente.
Conclusión
El país necesita un equilibrio genuino entre protección ambiental y desarrollo, con reglas claras y definitivas que limiten la discrecionalidad y promuevan el progreso económico y social con sostenibilidad.
Cabe hacerse una pregunta clave: ¿cómo se alinea esta iniciativa del ministro Juan Carlos Navarro con la voluntad del presidente José Raúl Mulino de promover empleos y la iniciativa privada en Panamá?
El autor es ingeniero ambientalista.
