Panamá enfrenta, en estos días, un juicio que trasciende lo penal y entra de lleno en la definición misma de su institucionalidad. El proceso por el caso Odebrecht —emblema del soborno y la corrupción en América Latina— ha llegado a una etapa crucial. No se trata solo de imputados, audiencias y argumentos jurídicos. Lo que está realmente en juego es la credibilidad de la justicia panameña y, con ella, la solidez del Estado de derecho.
A lo largo de América Latina, países como Brasil, Perú, Colombia y Ecuador han llevado a cabo procesos judiciales que culminaron en sentencias firmes contra expresidentes, ministros, legisladores y empresarios vinculados a la trama de sobornos montada por la constructora brasileña. En Perú, Alejandro Toledo fue condenado a más de 20 años de prisión, y Ollanta Humala, junto a su esposa Nadine Heredia, recibió penas de 15 años por lavado de activos. En Brasil, el propio Marcelo Odebrecht, expresidente de la firma, fue sentenciado, y decenas de políticos y empresarios enfrentaron la justicia.
En contraste, Panamá ha avanzado con lentitud y bajo un manto de escepticismo ciudadano. El juicio que encabeza la juez Baloisa Marquínez ha sorteado múltiples objeciones por parte de las defensas, que alegan violaciones al debido proceso, falta de competencia y otros recursos procesales. La magistrada ha decidido seguir adelante, rechazando incidentes y validando pruebas, incluyendo las declaraciones de testigos clave desde Brasil. Sin embargo, el desafío no es solo técnico-jurídico: es también ético, simbólico e institucional.
Este proceso involucra a figuras de alto perfil: expresidentes, exministros, empresarios y allegados al poder político y económico. El ciudadano común observa con atención si los poderosos responderán por sus actos o si, una vez más, las estructuras del poder lograrán esquivar la justicia. Ya hemos visto en otros países cómo las condenas de alto impacto generaron un punto de inflexión. Perú, con todos sus problemas, ha enviado un mensaje claro: el poder no garantiza impunidad. ¿Podrá Panamá decir lo mismo?
El riesgo de no alcanzar condenas ejemplares no es menor. La impunidad no solo erosiona la confianza pública: la destruye. Y cuando la justicia falla —o aparenta fallar—, lo que se debilita no es solo una sentencia, sino la legitimidad del sistema en su conjunto. Un país donde la ley solo aplica para quienes no pueden pagar una defensa costosa, deja de ser una democracia funcional para convertirse en una simulación institucional.
Este juicio representa una encrucijada histórica. La fiscalía ha logrado avanzar con acuerdos de pena, devoluciones parciales de fondos y reconstrucción de vínculos entre el dinero de Odebrecht y decisiones gubernamentales. Pero el verdadero valor del proceso no está solo en los detalles técnicos, sino en la señal que envía el fallo final. De no dictarse condenas proporcionales al daño causado, Panamá no solo quedará rezagada frente a sus vecinos en la lucha contra la corrupción, sino que arriesgará su prestigio internacional como nación seria, con instituciones confiables.
La ciudadanía, harta de escándalos y promesas vacías, no necesita más explicaciones jurídicas: necesita resultados. El Estado panameño tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que la justicia no es un privilegio, sino un principio.
El juicio por el caso Odebrecht no debe ser recordado como una ocasión perdida, sino como el momento en que Panamá decidió si quería seguir siendo rehén de la impunidad o avanzar hacia una democracia más íntegra y transparente.
El veredicto aún está por escribirse. Pero su impacto trascenderá las paredes del tribunal: marcará el pulso moral de una nación entera.
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
