El caso Odebrecht en Panamá retrata, con crudeza, el estado crítico en el que se encuentra la Administración de Justicia. Tras años de investigaciones, procesos y exposiciones mediáticas, el resultado es demoledor: hubo condenas, pero finalmente todos los responsables recuperaron la libertad. La pregunta obligada es si realmente existió justicia o si solo se montó un espectáculo político-judicial destinado al fracaso.
Más preocupante aún es el papel de quienes impulsaron el linchamiento político y mediático. Un expresidente de la República, que se erigió como paladín anticorrupción y promotor de las investigaciones, terminó posteriormente involucrado en el mismo expediente que decía combatir, luego de haber iniciado sus propias pesquisas. Este hecho, por sí solo, revela el nivel de contradicción y deterioro institucional que rodeó todo el proceso.
Negar la existencia de sobornos resulta insostenible. El propio expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht admitió que el pago de “propinas” formaba parte del modus operandi de la empresa en los países donde desarrollaba grandes proyectos de infraestructura. Panamá no fue la excepción. Sin embargo, reconocer el delito no bastó para obtener condenas firmes ni responsabilidades claras.
El problema de fondo no es únicamente Odebrecht, sino el modelo de justicia que se aplicó: selectivo, politizado y carente de una estrategia jurídica seria. Un proceso judicial concebido como instrumento de revancha o propaganda está condenado a colapsar, dejando impunidad, descrédito y frustración ciudadana.
La conclusión es inevitable: nada bueno puede surgir de un sistema judicial convertido en un monstruo de muchas patas, donde confluyen intereses políticos, ambiciones personales y una institucionalidad debilitada. Mientras la justicia siga siendo utilizada como arma y no como garantía, Panamá continuará atrapada en el ciclo de escándalos, absoluciones y desconfianza pública.
El autor es abogado.
