La corrupción en Panamá tiene muchos matices y formas disimuladas de manifestarse y, al parecer, los panameños hemos aprendido a convivir con ella, más por la fuerza de la costumbre que por resignación. Así pues, en este punto es necesario advertir que esta cultura de la corrupción, por supuesto, no se estableció en nuestro país de un día para otro. Su desafortunada normalización fue gradual y persistente. Empezó con cada titular de corrupción que duró apenas dos días en la conversación pública antes de ser reemplazado por el siguiente. Cuando observamos a nuestros políticos criticar en público y negociar en privado. Con cada escándalo de robo y lavado de dinero que terminó en prescripción. Con cada candidato acusado de clientelismo, corrupción y mal manejo de los fondos públicos que se postula como candidato y gana. Cuando se hace común el hecho de que grandes y poderosos empresarios inescrupulosos financian las campañas políticas de todos los bandos para mantener abiertas las opciones ante el gobierno que gane. Cuando algunos medios de comunicación investigan y denuncian, hasta donde la pauta publicitaria asignada lo permita. En términos generales, el conveniente silencio es uno de los cómplices más comunes y benignos de la corrupción.
La opacidad en el ejercicio del poder es la antítesis de la democracia y funciona como contraparte directa de la transparencia, constituyéndose en otro gran aliado de la corrupción. La opacidad viene a ser una especie de pijama que los políticos en ejercicio del poder, y muchos otros componentes de la sociedad, utilizan cada vez con mayor frecuencia para poder irse a la cama más cómodos y sin sobresaltos ni cargos de conciencia, por el intencional ocultamiento o el manejo entre bastidores que hacen de la información para la toma de decisiones a espaldas del pueblo, contribuyendo, de esta forma, al desdibujamiento de nuestra democracia y propiciando, además, una cultura política y social cínica y tenebrosa.
Ejemplos concretos y precisos de esta opacidad perniciosa los podemos apreciar en algunas de las siguientes conductas exhibidas recientemente, que paso a mencionar. Empecemos por referirnos al caso de los créditos fiscales y la DGI, cuya lesión patrimonial al Estado panameño se estima en 40 millones de balboas, y tuvo al BAC International Bank Inc. (BAC) como beneficiario final en un 93 % del total de dichas cesiones, según consta en un informe oficial de auditoría interna.
Entre los importantes elementos de convicción recabados por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada se encuentran las declaraciones de varios imputados, quienes aseguran haber acompañado, para gestionar los créditos fiscales manipulados en la DGI, a Adolfo Cosme Quintero, identificado como uno de los accionistas y beneficiarios finales de este atraco a la nación, en varias reuniones con funcionarios de alto nivel del BAC International Bank, incluido Ramón Chiari, nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de dicho banco, en sus oficinas en Costa del Este, para firmar los contratos de cesión de créditos fiscales que posteriormente fueron notariados para darles visos de legalidad.
Ante semejante evidencia, ¿cómo es posible que el BAC, como institución bancaria involucrada, o al menos el presidente ejecutivo de dicho banco, no haya sido al menos citado por la Fiscalía para rendir declaraciones o descargos en torno a esta acusación de implícita complicidad? En vez de ello, se ha preferido mirar para otro lado y aceptar —ingenuamente— la tesis de que el BAC actuó de buena fe y, como además lo dijo el ministro Chapman, que los bancos fueron engañados.
Resulta innegable la opacidad intencional en este caso a favor del BAC, toda vez que tendríamos que preguntarnos entonces: ¿dónde quedó aquello de “conoce a tu cliente”, que todos los bancos tienen por norma? ¿Cómo es que la compra de 40 millones de dólares en créditos fiscales a un par de intermediarios no activó las alarmas ni despertó sospechas entre los ejecutivos del BAC? ¿Cómo pudieron burlarse decenas de veces de los supuestos controles férreos que los bancos, en cambio, tienen establecidos para sus clientes comunes, llámense transacciones o depósitos de dinero, apertura de cuentas, solicitud de préstamos, cambio de cheques, etc.?
Otro ejemplo de opacidad en acción lo tenemos en el ambiguo comportamiento de la diputada de Vamos Paulette Thomas, al tratar de justificar su voto (o el de su suplente) en favor de la diputada Lilia Batista (RM), en detrimento del candidato de su bancada, Jorge Bloise, para la junta directiva de la Comisión de Educación, so pretexto de un “compromiso previo con la diputada oficialista”.
A esta lista de ejemplos de opacidad flagrante podemos adicionar el caso de Gustavo Pérez (exdirector del Consejo de Seguridad durante el gobierno de Martinelli), condenado a 50 meses de prisión por el caso de los “pinchazos” y contratado por el actual Ministerio de Gobierno como “asesor en el despacho superior”, con un salario cercano a los 5,000 balboas mensuales.
Igual de repelente resulta la aprobación de los nombramientos en la Asamblea Nacional de las tres hijas del diputado oficialista de RM Sergio Gálvez, con salarios de 2,700 balboas respectivamente. ¿Y qué decir de los exorbitantes viáticos especiales para nuestros cónsules y embajadores, aprobados por montos del orden de 12,000 y 20,000 balboas mensuales? Aun así, el presidente Mulino declaró recientemente a los medios que “estamos en rojo”. Imagino que una declaración tan fulminante y alarmista como esta tiene la intención opaca y velada de pavimentar con buen asfalto la opinión pública en el camino que facilite la reapertura de la mina y, con ello, la llegada del tan anhelado chen chen a la mente de los panameños.
Paradójicamente, una reciente encuesta nacional de opinión pública, cuya validez no tengo razones para poner en duda, reveló que el expresidente Ricardo Martinelli, cuya oscura trayectoria en este país nadie necesita que se la cuenten, se mantiene como “la figura política más conocida y con el mayor porcentaje de aceptación e imagen positiva del país”.
Lo cierto de todo esto es que romper este ciclo de opacidad, corrupción e incongruencias que nos envuelve y agobia exige algo más que leyes o campañas de transparencia. La cultura política no se cambia por decreto. Cambia cuando esta sociedad, que en muchas ocasiones prefiere no complicarse la vida y apadrina la corrupción con la miserable esperanza de ver si al final le toca algo, aunque sean las migajas del festín de los poderosos, decida renunciar al silencio cómplice con el que los corruptos cuentan.
El debate sobre este importante asunto no es solamente jurídico o constitucional; es moral, institucional y político. La democracia, la moral política y el sentido crítico se fortalecen cuando se habla y se aprende a escuchar lo que incomoda. Ciertamente, se aproximan en nuestro país cruciales momentos en los que otorgar y callar resultará más peligroso que atrevernos a alzar la voz y debatir con firmeza y serenidad aquello que nos incumbe.
El autor es pintor y escritor.
