Nos hemos quedado espantados por lo descubierto en la operación Jericó, donde se ha desenmascarado la profundidad con la que está infiltrada la narcopolítica en nuestro querido Panamá. Lo más seguro es que solo se esté arañando la superficie, ya que hay muchos otros actores que deben estar pasando desapercibidos, pues en sus manos ha estado esta situación que pudo haber sido descubierta hace mucho tiempo.
Solo han salido a la luz pública algunas empresas, políticos y funcionarios de ciertas instituciones como Senafront, Policía, Aduanas y la Junta de Control de Juegos, que han sido absorbidos por el narco en todo el esquema de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Me hago preguntas simples: ¿Cuál será el destino de los fondos en efectivo producto de las drogas y actos ilícitos? ¿Será que hay un parque de contenedores debidamente resguardados donde se depositan? ¿Habrá lotes de alquiler para enterrar dichos fondos? ¿Se almacenarán en apartamentos de barrios selectos? Estas situaciones parecen poco probables, pues el dinero guardado de estas formas queda estático, es decir, es muy difícil reubicarlo, salvo en vehículos de doble fondo, que no alcanzarían a movilizar ni una centésima parte de lo que necesitan los grupos del narco, incluyendo alimentar al Narco Gobierno que tenemos instalado.
Haciendo una simple suposición del verdadero destino de esos narcofondos, podríamos pensar en lugares privados o más bien resguardados, accesibles y seguros, donde pudieran almacenarse y permitir su movilidad, aunque queda el rastro de la transacción, ya que todo movimiento físico o electrónico deja huellas para una posterior verificación. Claro, siempre está la destrucción de datos por los encubridores, pero algo siempre queda para ser investigado. Dejo a cada uno de los lectores llegar a su propia conclusión sobre dónde guardarían esos fondos.
Aquí nadie se mete con las vacas sagradas, que son las que más vociferan cuando nos ponen en listas negras, grises y oscuras. Las listas verdes son las más apetecibles, ya que registran utilidades atractivas sin revelar su procedencia. Pareciera que quienes supervisan estas actividades han sido infiltrados por el narco, similar a lo que ocurrió en Aduanas, Senafront y la Policía Nacional, como se divulgó en la operación Jericó, incluyendo a colaboradores que, a sabiendas, se prestan para esos menesteres, convirtiéndose en cómplices de cualquier ilícito.
En teoría, los receptores de fondos de terceros deberían realizar la debida diligencia para conocer a sus clientes y el origen de los fondos. Dicha documentación serviría de sustento para probar ante las autoridades que están haciendo un trabajo diligente y cumpliendo con las disposiciones requeridas en temas de lavado de dinero o activos provenientes de actividades ilícitas. Qué bonito suena esto, pero preguntémonos: ¿Todas las empresas e individuos mencionados en la operación Jericó no depositaban en instituciones supervisadas por las autoridades? ¿Eran PEP o realizaban actividades sospechosas? Nadie lo notó.
Otra situación preocupante es la orden de apertura de las cuentas de Suntracs en el Banco Nacional. ¿Entonces, todas las razones por las cuales se ordenó su cierre ya han sido superadas y los hechos perdonados, aunque estaban relacionados con lavado de activos, corrupción e ilícitos? Podríamos asumir que este “acto correctivo” proviene de acuerdos preelectorales de la sopa de letras PRD-RM-Suntracs, cuyos miembros votantes fueron factores determinantes en la elección de las fuerzas del mal que se encuentran distribuidas en casi todos los estamentos del Estado, y que ahora se está pagando esa deuda. Argumentar que “todo ciudadano tiene derecho a una cuenta bancaria” es una afirmación temeraria. ¿Será que reformarán la Constitución para incluir este derecho?
Panamá no deja de sorprender, pero hacia el lado oscuro, donde las palabras honestidad, integridad, ética y decencia cada vez se alejan más del mandato popular expresado en las elecciones. El “más de lo mismo” sigue su curso y, aparentemente, no hay solución democrática para detenerlo.
El autor es ciudadano.