Por primera vez en los 115 años de historia republicana, la Asamblea Nacional ha sido objeto de auditorías por parte de la Contraloría General de la República, que han ido revelando todo tipo de manejos execrables: cientos de millones de dólares del erario público desviados a través de las juntas comunales durante el gobierno pasado; otros tantos millones dilapidados en contratos de personal y en supuestas donaciones en la actual administración y, en general, un proceder absolutamente desvergonzado que, por cuidar, no cuidaba ni las formas. La sola posibilidad de que la Contraloría eche un haz de luz adentro de esta cueva donde por años han campeado el fraude, el nepotismo y otras formas de corrupción, ha desencadenado reacciones en ocasiones violentas por parte de algunos diputados. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea, ha pretendido, con un desalojo arbitrario, inadmisible y atrevido, así como con argucias jurídicas, impedir el cumplimiento de las funciones del contralor. Por su parte, Pedro Miguel González ha salido a atacarlo públicamente, aduciendo que su actuar tiene una intención política. Lo cierto es que todos estos argumentos no son más que infames excusas, ante la imposibilidad de explicar por qué se contrata a familias enteras con dineros del Estado, o por qué se entregan cheques a personas que no saben ni dónde queda la Asamblea, o por qué un órgano cuya función es legislar tiene más promotores deportivos y culturales que cualquier otro. Lo que buscan es hacer ruido, atacar, distraer.
Seguirles el juego, caer en el error de buscar segundas intenciones en el proceder del contralor que ha tenido el coraje de enfrentarlos, es perder una oportunidad única de dar un golpe de timón. Es perder un momento histórico que probablemente tardará años en volverse a dar. El secuestro que mantienen los diputados sobre el país debe terminar de una vez por todas. Con la complicidad del poder ejecutivo, que buscaba cimentar el pacto de gobernabilidad, lograron hacerse de unas planillas que vinieron a sustituir las partidas circuitales. Con la complicidad de la Corte Suprema, más de uno ha logrado evadir a la justicia. Se habían anotado una victoria tras otra hasta llegar a tener un poder inédito. Tenían razones para creerse intocables. Peor aún, tienen razones para suponer que, una vez más, los magistrados serán su tabla de salvación y les darán el apoyo que necesitan para neutralizar a la Contraloría .
La ciudadanía, expresándose por cuales medios pueda, debe aprovechar la oportunidad. Ha llegado el momento de que les recordemos a los diputados que ellos están sujetos a la Constitución que juraron respetar y cumplir. Y ha llegado la hora de que les preguntemos a los magistrados de qué lado de la historia quieren estar.