Las proyecciones macroeconómicas repiten el guion de 2025: un PIB cercano al 4%, sostenido por el Canal, la logística y los servicios financieros. Sin embargo, ese crecimiento no llega a los hogares. La microeconomía —empleo real, ingreso familiar y estabilidad— sigue estancada en un país con profundas desigualdades.
Más de 200,000 personas buscan trabajo. La frustración se concentra tanto en profesionales titulados como en trabajadores informales. Ambos chocan contra un mercado laboral disfuncional. No solo el mercado informal está distorsionado; también lo está el empleo formal, intervenido por la palanca política, el clientelismo y las planillas abultadas.
La informalidad no compite en igualdad de condiciones; compite contra un Estado que ha alterado las reglas del juego. Ministerios, entidades autónomas y, de forma notoria, la Asamblea Nacional mantienen planillas infladas, criticadas por todos los sectores sin distinción ideológica. El acceso a una parte de ese empleo no depende del mérito ni de la productividad, sino de la cercanía al poder.
Ante la insuficiencia del empleo privado, la población se vuelca al Estado. No por vocación pública, sino por supervivencia. El Estado se convierte en empleador de última instancia, pero sin criterios técnicos, sin evaluación de desempeño y con una carga fiscal creciente que no se traduce en mejores servicios.
En su discurso del 2 de enero, el presidente José Raúl Mulino reconoció de forma indirecta el núcleo del problema microeconómico. Su énfasis estuvo en ordenar las finanzas, contener el gasto, recuperar la autoridad institucional y poner límites a la expansión del aparato estatal.
Mulino ha insistido en que el Estado no puede seguir siendo el principal generador de empleo y que esa lógica ha debilitado tanto las finanzas públicas como la cultura productiva. Sin embargo, esta visión presenta un vacío clave desde la óptica microeconómica.
La informalidad alcanza a 950.000 personas, sin seguridad social ni protección laboral. Es extrema en Guna Yala (92%), Darién (65%) y Bocas del Toro (61%). Trabajar sin seguridad implica no tener pensión futura, carecer de cobertura ante accidentes y quedar excluido del crédito. La educación universitaria tampoco garantiza movilidad social: abundan profesionales subempleados, mientras oficios y formas de autoempleo generan ingresos similares, pero sin derechos.
La microeconomía requiere empleo real, ingresos estables y reglas claras. Un impulsor evidente es el turismo descentralizado. Panamá es un puente biológico clave del corredor mesoamericano, con biodiversidad, culturas vivas y potencial para el turismo comunitario, ecológico y científico. El rechazo social a la minería —alrededor del 70%— refuerza la urgencia de alternativas sostenibles.
El turismo puede generar empleo digno si se articula con la agroindustria local, el transporte formal, hospedajes comunitarios, guías certificados y cooperativas. Hoy, en cambio, la informalidad es perseguida con decomisos y expulsiones, en lugar de ser organizada y formalizada.
Recursos no faltan; están mal asignados. El Canal de Panamá aportó 2,865 millones de dólares al Tesoro en 2025, una cifra récord. Sin embargo, la evasión fiscal ronda los 4,000 millones anuales, según la CEPAL, y un escenario conservador de corrupción (4% del PIB) implica 3,500 millones adicionales perdidos cada año. En conjunto, evasión y corrupción superan los 7,000 millones, más de dos veces y media lo aportado por el Canal.
Revertir la precariedad exige ordenar la microeconomía, no inflar planillas. Reducir la informalidad toma entre tres y cinco años, con métricas claras: más cotizantes en la seguridad social, aumento del ingreso promedio por hogar, menos empleo “botella” o capturado por la palanca política y más emprendimientos que sobrevivan más de dos años.
El autor es periodista, filólogo y escritor.
