En Panamá, la basura ha dejado de ser un simple desecho sólido para transformarse en un botín que muchos disputan. Lo que antes era un desperdicio, hoy es una recompensa; por ello, este recurso, cuyo manejo debe ser asumido por las autoridades para asegurar el bienestar y la salud de la población, se ha transformado en otra incógnita dentro del ya complicado sistema nacional. Desde los debates y controversias hasta las etapas de recolección, transporte y disposición final, lo que debería ser un servicio público eficaz se ha convertido en un escenario de conflictos políticos y económicos donde el principal perjudicado, como siempre, es el ciudadano panameño.
En este 2026, la situación se ha vuelto aún más confusa. Mientras las calles de San Miguelito se asfixian bajo patacones de desechos que desbordan sus vías, en las altas esferas la basura se percibe como una mina de oro rentable. El potencial de estos desechos bajo una economía circular y la valorización energética han despertado un apetito voraz por controlar las concesiones. Sin embargo, lo recaudado de este brillo dorado no llega a las comunidades; se queda atrapado en una burocracia que parece diseñada para el beneficio de unos pocos.
El ciclo de incertidumbre sobre el destino de los desechos inicia desde que estos salen de cada hogar sanmigueliteño. El sistema de recolección en el distrito de San Miguelito es, en el mejor de los casos, intermitente. Esta ineficiencia no es accidental. Es el síntoma de un modelo que ha priorizado el parche temporal sobre la solución estructural permanente. Al no existir un sistema integral de gestión de residuos urbanos, la recolección se convierte en un elemento de negociación. Las comunidades deben implorar por un servicio que les corresponde, convirtiendo un derecho esencial en un favor gubernamental.
Desde las calles hasta el camión recolector, la gestión es incierta; pero el verdadero conflicto estalla cuando los desechos alcanzan las plantas de tratamiento, convirtiendo sus lixiviados en focos de contaminación ambiental. Cerro Patacón ya no es solo un desastre ecológico; es el epicentro de una disputa por el control de los residuos. En este escenario, la posibilidad de reinsertar el plástico, el vidrio y los residuos orgánicos en la cadena productiva ha convertido a los desechos en una materia prima codiciada. Esta ambigüedad ha frenado la inversión en plantas de tratamiento modernas, dejándonos con un vertedero a cielo abierto que es, literalmente, una bomba de tiempo sanitaria.
La disputa por el oro sucio ha tenido consecuencias devastadoras para la salud pública y el equilibrio ambiental de la región. Cuando la gestión de la basura falla a causa de estas peleas de intereses, los desechos dejan de ser un residuo gestionable para convertirse en una crisis incontrolable.
Para resolver esta crisis, debemos quitarle el velo de opacidad al manejo de los residuos. La basura debe dejar de ser un botín político para convertirse en el pilar de una industria nacional sostenible. Esto requiere una fiscalización férrea de las concesiones y una descentralización real que permita a los municipios gestionar sus recursos con transparencia. Pero nada de esto será posible sin un ordenamiento territorial vinculante: no se puede recolectar basura eficientemente en barrios que crecen sin planificación ni accesos adecuados que permitan integrarlos al sistema formal de gestión.
Ya no hay margen para más incertidumbre. Panamá no puede pretender ser un centro logístico de clase mundial mientras sus distritos y provincias caminan sobre una fortuna desperdiciada que, en lugar de progreso, solo genera enfermedad y caos. Es hora de que el Estado comprenda que el verdadero valor de la basura no reside en el contrato que se firma, sino en la limpieza y la salud de un pueblo panameño que clama por respuestas concretas y no por más promesas.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
