La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha alcanzado un nuevo temperamento, el camino de todos los dictadores hacia el final de su morada, una senda incómoda donde la trascendencia de su figura, solo puede emular el destino de todo tirano: el olvido.
Sin embargo, mientras mayor es la decadencia del líder sandinista, su anclaje al poder se agudiza en episodios completos de psicosis exacerbados por la mínima crítica, de allí, la nueva consigna de la despótica pareja presidencial, ya no solo igualar el Estado con la religión, sino que Ortega mismo debe ser una figura divina.
La ofensiva se centra, en principio, por un acoso judicial programático contra jerarcas de la Iglesia católica nicaragüense, como el monseñor Rolando Álvarez, conocido por denunciar violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, una voz simbólica de la oposición, quien fue arrestado el 19 de agosto, por los supuestos cargos de “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, los que naturalmente ha negado.
Además, otras políticas se suman a la cada vez más grande lista de arbitrariedades del mandatario. En el último año y medio las autoridades expulsaron del país al nuncio del Vaticano y a 18 monjas de la Orden Misioneras de la Caridad, encarcelaron a siete sacerdotes y clausuraron varias emisoras católicas.
La Iglesia católica ha recibido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 2022 en Nicaragua, según un informe del Observatorio Pro-Transparencia y Anticorrupción, en un país caracterizado por violaciones de derechos humanos.
En contraste, la Constitución Política de la República de Nicaragua establece en el artículo 29 que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencias; la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 12, numeral 2, añade: “Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18 resuelve: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
La historia de la Iglesia católica con el régimen de Ortega está rodeada por episodios de relativa cooperación, y grandes antagonismos. Pareciese que, en Nicaragua, nadie se escapa de la coerción del Estado y de las políticas irracionales del dictador.
La política de represión del Estado es inconcebible en cualquier Estado de Derecho signatario de las convenciones regionales e internacionales, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció en Twitter los excesos de la policía sandinista contra los religiosos, incluso en presencia de feligreses.
La situación se ve recrudecida con las declaraciones de Ortega, quien en no pocas ocasiones, sin pena ni vacilación, ha tildado de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores del diálogo nacional que buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde 2018, un periodo marcado por encarcelaciones, exilios y condenas tras condenas de los organismos multilaterales internacionales.
Finalmente, no sorprende la conducta despótica de un gobierno faraónico, constantemente divorciado de cualquier concepción mínima de libertades individuales, con una constitución de letra muerta, no garantiza las más mínimas garantías constitucionales como el derecho a la protesta y la libertad de culto, para el ciudadano nicaragüense quedan pocas opciones se debaten entre la política de su país y sus libertades individuales.
El autor es amigo de la Fundación Libertad
