Las cifras más recientes del censo de población indican que el corregimiento de San Felipe, distrito de Panamá, está habitado por menos de 700 ciudadanos habilitados para votar en mayo de 2024. Sin embargo, su padrón electoral contiene 3,900 ciudadanos.
Sobre la diferencia abismal entre ambas cifras se asienta un hecho sabido, pero hasta ahora no cuantificado en la magnitud de su gravedad: En San Felipe la elección del representante de corregimiento tiene un resultado predecible como consecuencia de la omisión de funciones del Tribunal Electoral, a quien compete la fiscalización del registro de electores. Y en las elecciones de los últimos 25 años esa omisión ha facilitado la victoria de un único candidato.
Sopesemos la gravedad de estas cifras desde una perspectiva de derecho: la no fiscalización del padrón electoral por el Tribunal Electoral ha resultado en el menoscabo de nuestros derechos políticos, desvirtuándose el sufragio como instrumento de nuestra voluntad ciudadana y representación. Las implicaciones se extienden a un necesario cuestionamiento del estado de la democracia en Panamá y, cual pudiera sugerir esta data, si la inacción del Tribunal Electoral constituye en sí un apoyo oficial no velado a un candidato específico.
Vulnerado así el derecho a elegir nuestro gobierno local, vemos coactada nuestra libertad política. Superados en número en actos públicos, consultas y cabildos por ciudadanos no residentes quienes son convocados para influir en el resultado de dichos actos, los ciudadanos residentes de San Felipe son “exprofeso” inhabilitados para manifestar su voluntad. En el caso específico de la descentralización y sus mecanismos—establecidos para beneficiar y hacer a la comunidad un ente decisorio en la administración de fondos públicos—han sido desvirtuados al punto que ya se manipulan con la finalidad de legitimar actos que contravienen las necesidades y voluntad de esta comunidad, quien ha sido silenciada y hoy sólo ejerce el rol “performático” de eterna minoría.
Lo mismo sucede en las elecciones generales y no creo necesario recordarle al país que este hecho debe sonar alarmas en una sociedad civil a menos de un año de comicios: Nuestra democracia y sus instrumentos corren peligro. San Felipe y sus ciudadanos residentes reclamamos al Tribunal Electoral garantizar la libertad y honradez del sufragio, cumpliendo con el mandato constitucional de fiscalizar el registro de electores. Urjo a cada uno de los ciudadanos a organizase para observar y reclamar justicia electoral, de forma que se proteja nuestra ya frágil democracia.
Los ciudadanos residentes sabemos quiénes y cuántos somos. Conocemos—y a diario sufrimos—los problemas que aquejan nuestras 12 calles: Basura, inseguridad, estructura en decadencia, falta de iluminación, insalubridad, pérdida de espacios públicos, crisis de gobernanza, uso incompatible del patrimonio y pobreza multidimensional, por mencionar algunos. Pese a ello, la comunidad—representada en asociaciones civiles y ciudadanos activistas—más veces que pocas aportamos soluciones con iniciativas y recursos propios, in absentia del oficial electo para abordarlas y resolverlas; el mismo oficial quien, a la luz de estas cifras y su reciente condena por malversación de fondos públicos, no elegimos ni nos representa.
La autora es ciudadana, escritora y activista de patrimonio.
