Panamá es país de contradicciones. Con el mayor crecimiento económico de América Latina, es, al mismo tiempo, el décimo país con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. El 10% de las familias más pudientes de Panamá tenían 37.3 veces más ingresos que el 10% de las familias más pobres, según un reporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2015.
La desigualdad se manifiesta en diversas áreas del acontecer nacional. La más acuciante de las desigualdades sociales se evidencia en el sector educativo. El sostenido crecimiento económico de Panamá no se ha traducido en mejoras tangibles en su sistema educativo público. La desidia de distintos gobiernos en esta materia ha desembocado en una auténtica crisis nacional, que amplía aún más la brecha entre la calidad de la educación pública y la privada. La desigualdad se manifiesta también en años de escolaridad. En Panamá, el 30% más pobre tiene 5 años promedio de escolaridad versus el 10% más rico, con 14 años, según el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal).
Nuestra tragedia como sociedad es la indiferencia colectiva. La educación de calidad se ha convertido en un privilegio, solo asequible para quien puede costearla, cuando se trata de un derecho irrenunciable y no un mero bien de consumo.
El deterioro de la educación pública condiciona no solo las expectativas laborales de los jóvenes, sino también sus posibilidades reales de inserción y movilidad económica y social, y su autorrealización como personas. La dicotomía existente entre la educación pública y privada ahonda las diferencias socioeconómicas, reflejando así el sistema educativo, las desigualdades de la sociedad panameña.
La desigualdad educativa se evidencia en las precarias condiciones de acceso a la educación pública, sobre todo en zonas rurales y en las comarcas. Si la educación es la herramienta por excelencia de nivelación social, su desatención constituye el mayor perpetuador de una rampante inequidad. El mejoramiento de la educación pública merece ser un proyecto nacional. Nuestra descarnada realidad demanda la implementación y ejecución de políticas educativas de Estado, articuladas mediante una hoja de ruta homogénea que trascienda gobiernos. Es imperativo blindar a la educación pública de la política partidista. El sistema educativo debe cumplir su misión de formar de manera integral a la persona y al ciudadano, superando la errónea concepción que el proceso educativo es solo un instrumento de formación de mano de obra al servicio de las demandas del mercado.
La carta magna consagra una serie de derechos y deberes en educación. Uno de ellos es la libertad de enseñanza (artículo 94). Es lamentable que el ejercicio de tales derechos no sea garantizado en la práctica por el Estado. Panamá ocupa el puesto 109 en el Índice Mundial de Libertad de Enseñanza. El articulado de nuestra Constitución se ha convertido, en la práctica, en letra muerta en materia educativa. Prueba irrefutable de ello es la incapacidad del Estado de garantizar que cada niño de las distintas comarcas ejerza su derecho a aprender con calidad en igualdad de condiciones que un chico de una escuela oficial o de un colegio privado en la capital.
Esforzarse por cambiar nuestra realidad educativa es un mandato para quienes sentimos un compromiso por construir un país más justo y equitativo. Es inaceptable que el estrato social o el lugar del que una persona proviene, determine el nivel educativo que alcanzará o la calidad de educación que recibirá. Garantizar una educación pública de calidad y de acceso universal, representa el reto más importante de nuestra generación y un deber cívico impostergable para nuestra democracia.
El autor es abogado y voluntario de Jóvenes Unidos por la Educación