Habiéndose pronunciado ya las principales fuerzas políticas y económicas –las gremiales continúan guardando un escandaloso silencio– sobre las recientes conductas delictivas de corrupción pública y privada promovida en nuestro país por la constructora Odebrecht Panamá, y en un escenario lleno de confusión inducida, en el que las fuerzas cívicas y sociales no dan muestras de certeza en su accionar, no es malicioso predecir que el gran perdedor en esta lucha por la vergüenza y el decoro nacional será–una vez más– el pueblo panameño, el “país decente”.
Ya los colectivos políticos y económicos y sus “intelectuales orgánicos” están alineados para la defensa de una supuesta institucionalidad democrática, debido a la “crisis” que puede derivar en una “explosión social” de graves consecuencias para la “economía” y la “democracia”.
También los instrumentos de dominio han iniciado su trabajo para conjurar la “crisis”. La Asamblea Nacional aprobó la herramienta jurídica de “negociación” entre la oligarquía nacional y la transnacional, corrupta y corruptora; y el Ministerio Público continúa el “circo romano” desviando la investigación hacia “chivos expiatorios”.
Mientras las fuerzas del poder “cuecen las habas” para desviar la mirada del pueblo del más grande latrocinio de los haberes públicos ocurrido en la historia de la República, algunas personas bien intencionadas tratan de llevar adelante ciertas iniciativas ciudadanas, pero sin la claridad y precisión de objetivos que permitan tomar al “toro por los cuernos”, esto es, realizar el “juicio político” y poner ante los tribunales de justicia a los verdaderos asaltantes del erario público, es decir, a la oligarquía presidencialista de los tres últimos gobiernos y a los directivos de la transnacional del crimen, la constructora Odebrecht.
Sencillamente, porque en un país como el nuestro donde predomina el régimen presidencialista y en el que no se mueven ni las hojas de los árboles sin la “autorización” o sin el conocimiento del presidente de la República, es obvio que todas las conductas punibles de la empresa Odebrecht en Panamá, eran de pleno conocimiento de los mandatarios en ejercicio del poder en los tres últimos gobiernos.
Esa es la razón por la que la oligarquía en su conjunto y sus “mayordomos” de la sociedad civil, claman por el “respeto” a la institucionalidad democrática y a la “necesidad”–para salvar a los presidentes y sus acólitos– de llegar a un “acuerdo nacional”.
Ya el proyecto de ley 245 fue aprobado en tercer debate en el Órgano Legislativo, y lejos de lo que esperan de este los panegíricos interesados y las personas honestamente desprevenidas, es en realidad la puerta de escape de quienes verdaderamente se apropiaron del dinero del pueblo (mil 500 millones de dólares, aproximadamente, entre sobornos y sobreprecios) a través de la escandalosa trama de corrupción de Odebrecht.
Algunas salidas políticas y judiciales posibles a esta sórdida trama de la oligarquía de los tres recientes gobiernos, serían:
1. Que el aquelarre de la monstruosa corrupción quede reducida a la investigación de unos cuantos “chivos expiatorios”.
2. Someter a investigación únicamente el período presidencial de Ricardo Martinelli y, como consecuencia política, la liquidación electoral de esta fracción de la oligarquía.
3. Que las mentes más esclarecidas del país puedan conducir la acción punitiva y política popular en las calles. Y como ya no es posible rechazar la aprobación del proyecto de ley 245 en la Asamblea, hay que promover una marcha cívica hacia la presidencia para que dicho “ripio jurídico” no sea sancionado. Además de exigir una prolija investigación de las obras realizadas en nuestro territorio por la compañía de marras, desde el día uno hasta la fecha. Ello incluye que la Contraloría haga una auditoría de todas las construcciones de Odebrecht, y la apertura de causa criminal por parte del Ministerio Público contra los directivos locales de Odebrecht. “Caiga quien caiga”.
¡Así de simple es la cosa!
