En la década pasada, cuando el Banco Mundial asesoró a Panamá para el desarrollo de un área económica especial, en lo que hoy conocemos como Área Panamá Pacífico (APP), incluyó la necesidad de ser más eficientes y eliminar procesos burocráticos que existían en el país, y que desencantarían a las empresas a instalarse en dicho desarrollo. Eso trajo consigo la creación del Sistema Integrado de Trámites del APP, a través de una ventanilla única que cuenta con más de 10 instituciones públicas trabajando armónicamente en una misma estructura. El resultado ha sido exitoso; pero, lamentablemente, no copiado en el resto del país.
En ese entonces ya éramos considerados ineficientes en nuestros procesos. Esta ineficacia se ha incrementado por la falta de revisión y actualización de procesos en los trámites de servicios públicos. Por ejemplo, confieso que me da dolor de estómago cada vez que en alguna institución pública o privada me solicitan un certificado de Registro Público. Esta es la segunda plataforma de la institución que nos permite acceder a su base de datos actualizada en tiempo real. Pero aun así, hay instituciones que insisten en que se les presente impresa la misma información a la que tienen libre acceso, y peor aún, certificada. Pedir un certificado de registro público de la existencia de una sociedad es lo homólogo y tan disparatado como solicitar una certificación del Tribunal Electoral de la cédula de la persona natural que está realizando el trámite (espero no estar dándoles ideas).
El dolor se agudiza para quienes diariamente tramitamos inscripción de escrituras públicas. La ineficiencia de un formalismo entendible en el siglo pasado invade este proceso en la actualidad. Iniciando por el uso del papel notarial, en el que uno tiene que cuadrar en una hoja con márgenes preimpresos el documento a protocolizar. El solo hecho de tener que presentar al notario y al Registro Público los documentos en papel impreso ya es retrógrado para la época en que vivimos. Creo que nadie se ha puesto a pensar que el papel notarial no representa ninguna ventaja de seguridad, cuando en estos tiempos cualquiera tiene una impresora en su casa.
Pasado el trauma del papel notarial, le sigue la carátula. Por alguna razón que nadie me ha sabido explicar, el instrumento a inscribir requiere de una carpeta a la cual, además, hay que imprimirle en su parte frontal los datos de la escritura y un resumen del documento. Creo que la carátula solo pudo haber tenido alguna importancia cuando en el Registro Público se archivaban los documentos en rollos de negativos y se necesitaba separar claramente un documento fotografiado de otro.
La obligación de tener que escribir en palabras y en dígito cualquier número que aparezca en la escritura es igual un tema que debió quedar en el pasado hace mucho. Esto tal vez era comprensible cuando el registro de los documentos públicos se manuscribía en tomos y podía existir la posibilidad de no entender la letra de quien hacía la inscripción. Súmenle la innecesaria obligación de incluir la profesión y el estado civil de las personas que son partes del documento, para supuestamente identificarlo, como si el número de cédula o pasaporte no fuera suficiente.
Un buen ejemplo de un proceso revisado y mejorado es el ingreso, calificación e inscripción en el Registro Público. Que se puede mejorar, es cierto, pero creo que es más importante ahora mismo revisar la formalidad innecesaria que aún abunda en el proceso de protocolización de los documentos.
Como el caso de quienes diariamente gestionamos la protocolización e inscripción de documentos, debe haber muchos otros procesos con “papelitos” y requerimientos arcaicos que ir eliminando para ser un país más competitivo y eficiente. Imaginen revisar los procesos aduaneros y lograr ser un país con servicio logístico realmente eficiente, más que ser un país con solamente un Canal. Otro ejemplo sería lograr que la cámara de compensación utilizara un proceso con sistemas de cadenas de bloques (blockchain) y así poder hacer expeditas las compensaciones de cheques y transferencias. Esto nos impulsaría como un centro financiero rápido y seguro a la vez.
Ojalá cada institución que preste servicios públicos logre comprender que la eficiencia y la competitividad son un imán para la inversión en Panamá.
El autor es abogado