Panamá no está en crisis. Y ese es exactamente el problema.
Cuando un país está en crisis, el diagnóstico es obvio y el consenso político llega solo. Cuando está en zona gris, entre su potencial y sus limitaciones estructurales, la parálisis es la respuesta más común. Y la parálisis, en este momento, le cuesta a Panamá más de lo que cualquier gobierno está dispuesto a admitir.
Los próximos tres años van a definir si este país da el salto que tiene pendiente o si consolida una mediocridad administrada.
Lo que dicen los números
El FMI proyecta crecimiento del 4.5% para 2025. El Banco Mundial estima 4.3% para 2026 y un salto a 6.0% en 2027 si Cobre Panamá reinicia operaciones. Números sólidos para cualquier economía de la región. El problema es lo que esconden.
La deuda pública supera el 66% del PIB y las proyecciones la llevan cerca del 70% hacia 2027 sin corrección. Moody’s mantiene el grado de inversión en Baa3, pero con perspectiva negativa. S&P confirma BBB- con perspectiva estable. Ambas calificadoras dicen lo mismo con palabras distintas: Panamá sigue siendo confiable, pero el margen se está achicando.
El gobierno cerró 2025 con el mejor resultado fiscal en años. El déficit primario bajó de -3.32% a -0.67% del PIB. Son números reales. El problema es que manejar bien lo urgente no es lo mismo que resolver lo importante.
Por qué la mina no es un tema minero
Cobre Panamá representaba el 5% del PIB. Su cierre en 2023 le costó al país hasta $1,700 millones en actividad perdida. Una auditoría independiente está en curso y la decisión sobre reapertura se espera en el primer semestre de 2026.
El CSIS publicó que revivir la mina es estratégico para la seguridad de minerales críticos de Estados Unidos. Eso le da a Panamá más poder de negociación del que cree tener.
Pero aquí está el punto que los analistas suelen pasar por alto: la mina no se cerró por razones técnicas. Se cerró porque la calle lo exigió. Y reabrir la mina sin resolver esa percepción no es solo políticamente difícil. Es económicamente riesgoso.
El capital social que necesita un proyecto de esa escala no se compra en una negociación con una minera canadiense. Se gana con el pueblo panameño, o no se gana.
La reforma que nadie quiere nombrar
Panamá tiene una hoja de ruta para reducir la deuda al 50% del PIB para 2035. Las metas son correctas. Lo que falta es la conversación sobre cómo llegar ahí.
La estructura tributaria del país favorece a los sectores con mayor influencia política. Las exenciones acumuladas representan miles de millones que el Estado no recauda. Panamá no solo necesita gastar mejor. Necesita recaudar de manera más justa. Y esa conversación exige tocar intereses que llevan décadas definiendo la política fiscal del país.
El pueblo que salió a las calles en 2023 no lo hizo solo por la mina. Lo hizo porque acumuló años de ver un Estado donde los recursos se gestionan con poca rendición de cuentas. La exigencia de transparencia no es un capricho. Es la respuesta racional de una sociedad que aprendió, a fuerza de experiencias, a no confiar en que el dinero llegue a donde debe llegar.
El test que viene
Los próximos tres años le van a dar respuesta a la pregunta que este país lleva décadas respondiendo mal: ¿a quién le funciona Panamá?
Si la respuesta sigue siendo la misma, bienvenidos al siguiente ciclo de protestas. Si cambia, bienvenidos al 6%.
La buena noticia es que por primera vez en mucho tiempo, las dos opciones están genuinamente sobre la mesa.
El autor es especialista en gestión de patrimonio.
