Panamá está envejeciendo más rápido de lo que están cambiando nuestras instituciones, nuestras empresas y nuestra concepción del trabajo. El problema no es vivir más. El problema sería permitir que cientos de miles de panameños sean considerados económicamente prescindibles, precisamente cuando acumulan mayor experiencia, conocimiento y capacidad para transmitirlos.
Las cifras obligan a mirar esta realidad de frente.
La revisión más reciente de las estimaciones y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), actualizada con base en el Censo de 2023, proyecta para el 1 de julio de 2026 una población de 4,645,375 habitantes. Sumando los grupos de edad correspondientes, 1,209,629 panameños tienen 50 años o más: el 26.0% de la población nacional. Es decir, más de uno de cada cuatro habitantes.
Dentro de ese grupo, aproximadamente 690,666 personas tienen 60 años o más, equivalentes al 14.9% de la población. Y la tendencia continuará: para 2030, las mismas proyecciones sitúan a la población de 50 años o más en alrededor de 1.36 millones de personas, el 28.2% del país, y a los mayores de 60 años en más de 809,000, el 16.8%.
Esto no es solamente demografía. Es economía.
La Encuesta de Mercado Laboral de septiembre de 2025 muestra una tasa de actividad económica del 85.5% entre las personas de 45 a 49 años, que disminuye al 82.1% entre los 50 y 54 años, al 75.9% entre los 55 y 59 años y a apenas el 37.1% entre quienes tienen 60 años o más. Entre estos últimos existe, además, una profunda brecha de género: participa económicamente el 49.9% de los hombres, frente a solo el 26.3% de las mujeres.
Hay otro dato todavía más revelador. Entre la población no económicamente activa que declaró que no pensaba buscar empleo durante los siguientes seis meses, el INEC contabilizó 44,607 personas que señalaron expresamente que “la edad es un impedimento para conseguir trabajo”. De ellas, 39,978 tenían 50 años o más: casi nueve de cada diez.
Esto no significa que toda reducción de la actividad económica después de los 50 años sea producto de la discriminación —también intervienen la jubilación, la salud y las decisiones personales—, pero sí demuestra que la edad constituye una barrera laboral real para miles de ciudadanos.
Frente a esta realidad, Panamá necesita hacer de la economía plateada una política de Estado.
El Banco Interamericano de Desarrollo define la economía plateada como aquella vinculada al cambio demográfico y al envejecimiento, pero advierte que este proceso no debe observarse únicamente como un incremento del gasto en pensiones, salud y cuidados. También representa oportunidades para crear empresas, impulsar la innovación, generar empleos y construir una longevidad económicamente más productiva.
Panamá ya cuenta con la Política Pública a favor de las Personas Mayores 2024-2030, que incluye seguridad económica, inclusión laboral, empleo digno e inclusión digital. El paso siguiente debe ser complementarla con una Estrategia Nacional de Economía Plateada y Longevidad Productiva, articulada entre MITRADEL, IDEAS, MIDES, MICI, AMPYME, INADEH, universidades, municipios, empresa privada y organizaciones de trabajadores.
Esa intervención debe comenzar desde los 50 años, sin cometer el error de considerar automáticamente adulto mayor a toda persona de 50 años o más. Esta constituye, precisamente, una etapa preventiva de transición laboral en la que deben fortalecerse las competencias digitales, el manejo de la inteligencia artificial, la educación financiera, la certificación de la experiencia, la reconversión profesional y el emprendimiento.
Desde el movimiento sindical panameño, particularmente desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), proponemos asumir una función innovadora: convertirlo en una incubadora social y empresarial 50+.
No basta con defender el puesto de trabajo existente. También tenemos que ayudar a crear el próximo empleo y la próxima empresa del trabajador.
Panamá dispone para ello de una herramienta jurídica todavía poco explotada: la Ley 303 de 31 de mayo de 2022, que estableció el régimen de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). La ley permite que sociedades mercantiles combinen la actividad comercial con objetivos verificables de impacto positivo social y ambiental.
A través de una incubadora CONATO 50+, trabajadores experimentados podrían convertir décadas de conocimiento en empresas BIC vinculadas a capacitación, mentoría, cuidados, turismo, agricultura, agroindustria, mantenimiento, consultoría, economía circular, servicios comunitarios, tecnología y otras actividades relacionadas con la economía plateada.
También podrían explorarse modelos mutuales y asociativos, jurídicamente estructurados de manera adecuada, sin confundirlos con la figura BIC.
Pero esta iniciativa no puede convertirse en asistencialismo ni en una fábrica de certificados. Debe medirse por resultados: personas de 50 años o más reinsertadas laboralmente, ingresos recuperados, empresas creadas, supervivencia empresarial, empleos generados, acceso al crédito y participación de las mujeres.
Tenemos que cambiar una idea cultural profundamente equivocada: que envejecer equivale a dejar de producir.
La experiencia también es capital nacional.
Si queremos y protegemos a nuestra población infantil porque representa el futuro, tenemos exactamente la misma obligación moral de proteger a quienes envejecen. Cada niño al que prometemos un mañana será, si tiene la fortuna de vivir muchos años, parte de esa población mayor.
Panamá debe dejar de preguntarse únicamente cuánto costará el envejecimiento y comenzar a preguntarse:
¿Cuánta riqueza podemos generar gracias a que vivimos más?
El autor es abogado y sindicalista.
