Uno de los aspectos más conocidos de los activos virtuales son las llamadas criptomonedas; sin embargo, estas representan solo una parte de un complejo ecosistema que abarca desde la gestión y el aseguramiento de inmuebles por medio de la tokenización hasta la existencia de corporaciones autogestionadas con base en contratos inteligentes. Estas interacciones, lejos de lo que podríamos pensar, no se quedan en el mundo virtual, sino que se integran constantemente con bienes físicos por medio de tokens y conversiones entre unos y otros.
Los años en que los activos virtuales eran solo el nicho de unos cuantos renegados deseosos de operar su propia moneda, lejos de los bancos y los gobiernos, han quedado atrás. Hoy, instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presionan a los gobiernos para implementar medidas regulatorias eficaces con el fin de disminuir el potencial uso ilícito de estos activos. De hecho, están vinculados directamente con las Recomendaciones 1, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 31, 37 y 38. La Recomendación 15 resulta especialmente importante, pues exige que los países establezcan regulaciones sobre los activos virtuales, algo que Panamá no puede darse el lujo de ignorar.
Un activo virtual no es un simple archivo en una computadora. Los activos virtuales de los que hablamos están respaldados por un registro que existe en miles de computadoras y que almacena las transacciones de forma simultánea. Tener el registro en tantas computadoras, cifrado y validado con otros registros, los hace casi imposibles de falsificar.
El valor de estos activos no reside en el bien en sí, como sucede con la propiedad tradicional, sino en lo que representa dentro de este registro. Ya no se trata de un documento o título de propiedad físico; la autenticidad la proporcionan las Tecnologías de Registro Distribuido, descritas por primera vez por Stuart Haber y W. Scott Stornetta en su artículo de 1991 How to Time-Stamp a Digital Document. Estas tecnologías son la base del sistema blockchain (el registro), que garantiza la confianza entre múltiples actores desconocidos, pero profundamente entrelazados, para que puedan realizar transacciones sin preocuparse de llevar la contabilidad.
Una analogía sencilla sería pensar que la blockchain es, a la vez, un contador, un notario y un registro público que da fe de los valores, la titularidad y los intercambios. Es un sistema seguro, transparente y auditable. No es casualidad que su uso vaya desde votaciones electorales (Perú, Estonia, Estados Unidos) hasta la gestión y venta de vinos tokenizados (Argentina), y que la lista de aplicaciones siga creciendo de forma constante.
Ahora bien, este registro es tan sólido que ha dado lugar a la existencia de instrumentos descentralizados sorprendentemente complejos, capaces de constituir toda clase de organizaciones, servicios y transacciones. ¿Qué tan complejos? Imagine usted una organización que carece de estructura en el sentido tradicional, como una sociedad anónima, o piense, por un momento, en una entidad que emite préstamos, pero sin ser un banco ni siquiera una empresa.
Aquí algunos términos que aún son un rompecabezas para las administraciones de todo el mundo:
DApps: Aplicaciones descentralizadas que funcionan sobre una blockchain sin servidores centrales. Utilizan contratos inteligentes para ejecutar su lógica.
DeFi: Finanzas Descentralizadas, un ecosistema de servicios financieros (préstamos, inversiones, seguros) que opera sin bancos ni intermediarios.
DAO: Organización Autónoma Descentralizada, una estructura de gobernanza basada en blockchain donde las decisiones se toman por votación entre los miembros mediante tokens. Muchas DApps y DeFi son gobernadas por DAOs.
Entendiendo el papel y la preponderancia de los activos virtuales, y cómo dan lugar a nuevas formas de administrar organizaciones y capitales, Panamá podrá integrarse plenamente a una economía digital —que parece dejar cada vez más atrás las formas tradicionales de hacer negocios— y ponerse a tono con el GAFI antes de que este venga a jalarnos las orejas… nuevamente.
El autor es consultor en temas legales, parlamentarios y políticos.
