Las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, en París, confirman que la relación de Panamá con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha entrado en una etapa distinta. El país ya no se limita a expresar interés en la cooperación técnica o en la adopción de buenas prácticas: ha manifestado su voluntad de avanzar hacia la adhesión y fortalecer su integración con los mercados internacionales.
Esta aspiración resulta coherente con la posición estratégica de Panamá en el comercio mundial. El Canal, los puertos, la plataforma logística y la conectividad constituyen activos de alcance global. Sin embargo, la pertenencia a la OCDE no se obtiene por la relevancia geográfica ni por el volumen de carga movilizada. Exige demostrar que esas ventajas descansan sobre instituciones confiables, políticas previsibles y capacidades estatales acordes con estándares internacionales de alta exigencia.
La OCDE no es un organismo de ingreso simple ni automático. La adhesión supone uno de los procesos de evaluación institucional más rigurosos del sistema internacional. Más de veinte comités técnicos pueden examinar al país candidato en materias como economía, competencia, política fiscal, integridad pública, gobernanza digital, educación, ambiente, acción climática, ciencia, innovación y desarrollo empresarial. La experiencia internacional muestra la magnitud del desafío: Perú es evaluado por 24 comités y Rumania por 26 instancias especializadas.
A ello se suma la necesidad de converger con más de 250 instrumentos legales y normativos de la organización. Esto demanda revisar leyes, políticas públicas, marcos regulatorios y prácticas institucionales. No se trata solo de aprobar reformas jurídicas, sino de fortalecer capacidades del Estado, mejorar la coordinación interinstitucional, elevar la calidad regulatoria y transformar los sistemas de gobernanza. Cada recomendación debe traducirse en cambios verificables y sostenibles.
Allí reside uno de los principales valores estratégicos de la adhesión. La experiencia internacional demuestra que este proceso puede actuar como acelerador de reformas estructurales. En la práctica, obliga a modernizar instituciones, reforzar la transparencia fiscal, robustecer los mecanismos anticorrupción, mejorar la competencia y elevar la predictibilidad económica. Por ello, la OCDE no debe verse como un distintivo reputacional ni como una respuesta coyuntural frente a listas o cuestionamientos externos, sino como una oportunidad para construir un Estado más eficiente, íntegro y orientado a resultados.
Para Panamá, los beneficios potenciales son amplios. La membresía enviaría una señal poderosa de confianza a inversionistas y mercados, podría contribuir a reducir percepciones de riesgo, mejorar el acceso a financiamiento internacional y fortalecer las condiciones para atraer inversión extranjera de largo plazo. También ofrecería referencias comparables para medir el desempeño nacional frente a economías con mayores niveles de productividad y desarrollo institucional.
Existe, además, un beneficio menos visible, pero de igual importancia. Los miembros de la OCDE participan en la construcción de estándares que luego influyen sobre el comercio, las finanzas, la tributación, la sostenibilidad, la inversión y la gobernanza global. Ingresar implicaría que Panamá deje de ser solo receptor de normas para convertirse en actor dentro de los espacios donde estas se debaten y diseñan.
No obstante, los beneficios no surgirán de la membresía por sí sola. Dependen de la profundidad, continuidad y credibilidad de las reformas, así como de la capacidad del país para convertir los compromisos internacionales en mejores servicios públicos, mayor productividad, más sostenibilidad y más oportunidades para la población.
El verdadero objetivo no debe limitarse a ingresar a la OCDE. Debe consistir en aprovechar el proceso para transformar el Estado y asegurar que la proyección internacional de Panamá se traduzca en confianza institucional, crecimiento sostenible y bienestar compartido.
El autor es especialista en tecnologías de la información geográfica.
