En Panamá, puente global ante los desafíos climáticos, la Taxonomía de Finanzas Sostenibles —lanzada en marzo de 2024— clasifica las actividades económicas verdes y azules, y puede atraer flujos de inversión millonarios. El mercado de bonos verdes y azules supera los 109 mil millones de dólares anuales, liderado por Europa. Para el sector financiero, esta herramienta va más allá de la normativa: ofrece tasas preferenciales, resiliencia y un crecimiento del PIB de entre 5% y 7% anual en sectores clave hasta 2027.
El Canal de Panamá y su posición estratégica lo convierten en un centro logístico sostenible. La taxonomía alinea proyectos como puertos eficientes, aeropuertos verdes y cadenas de suministro digitalizadas con estándares internacionales, como la Taxonomía de la Unión Europea (UE), el ISSB (NIIF S1 y S2) o los marcos de China y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Esto envía una señal clara: las empresas alineadas acceden a capital ESG, bonos verdes y azules, y préstamos sostenibles, reduciendo costos de capital entre 20% y 30%, según los referentes europeos (benchmarks).
Bancos locales, vinculados al BCIE, BID y CAF, financian proyectos de eficiencia energética, hidrógeno verde, paneles solares y vehículos eléctricos, elevando su ratio de activos verdes (GAR) y atrayendo inversiones globales cercanas al billón de dólares.
En el sector energético, el auge de la energía solar, eólica y el almacenamiento inteligente reduce la dependencia de los combustibles fósiles, genera empleos calificados y disminuye los costos operativos hasta en 15%. Para los exportadores, esto mitiga el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la UE —que entra en vigor pleno en 2026—, evitando penalizaciones y preservando la competitividad en la logística marítima y la agricultura. Por ejemplo, los contenedores con tecnología IoT reducen emisiones y gastos, mientras que la restauración de manglares y el ecoturismo abren nuevos mercados.
La Cartera de Transición Nacional (2025-2027) enfoca ocho sectores: energía, transporte, construcción, turismo, logística, agricultura, residuos y TIC. Los indicadores clave —como el porcentaje de gasto verde o la intensidad de carbono— miden impactos y atraen organismos internacionales para proyectos piloto de autobuses eléctricos o eco-resorts inclusivos.
Más allá de las cifras, las acciones operativas fortalecen la resiliencia. Las empresas con sistemas de monitoreo, verificación y reporte (MRV) basados en IoT rastrean huellas de carbono y gestionan riesgos físicos (sequías, inundaciones, erosión) y de transición (regulatorios). Esto robustece los balances, reduce las primas de seguro y otorga mayor licencia social. Para las instituciones financieras, la interoperabilidad global elimina duplicidades; el mapeo con la UE simplifica las exportaciones y el financiamiento transfronterizo, impulsando un PIB sostenible y equitativo.
En el ámbito de la vivienda asequible, los materiales de bajo carbono fomentan la inclusión social, mientras la arborización urbana mejora la salud y la productividad. La implementación puede realizarse en 12 a 18 meses, iniciando con el diagnóstico de brechas, la gobernanza de datos y las plataformas ESG, y culminando con la divulgación ISSB verificada. El estándar EU Green Bond, vigente desde diciembre de 2024, añade credibilidad en los mercados más exigentes.
El período 2025-2027 es crítico, no opcional. Tanto las empresas como los bancos con informes ESG sólidos asegurarán un financiamiento favorable, capitalizando la naturaleza y posición logística de Panamá.
La sostenibilidad no es un gasto, sino una estrategia transformadora que protege las economías y desbloquea la prosperidad inclusiva. ¿Liderará el sector financiero este giro verde o se quedará en la orilla?
La autora es geógrafa y exministra de Ambiente.
