Durante las últimas semanas, Panamá ha permanecido bajo el azote de un frente frío que mantiene a las autoridades en alerta máxima. Mientras los vientos alisios del norte azotan con ráfagas superiores a los 60km/h, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emite alertas de vigilancia y monitoreo por oleajes en las costas.
A lo largo del siglo XX y principios del XXI, la gestión ambiental en provincias como Panamá, Colón y Chiriquí mostró debilidades estructurales. Sin embargo, en 2026, el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia de marejadas ciclónicas han dejado en evidencia que el océano es una fuerza natural que reclama el espacio que se le ha arrebatado.
El caso de la provincia de Colón es, quizá, el más dramático. La ciudad atlántica, pieza clave del comercio logístico mundial, enfrenta una doble amenaza: por un lado, una infraestructura urbana envejecida, incapaz de drenar lluvias extremas; por otro, una costa que ha perdido sus barreras naturales de protección. La destrucción sistemática de manglares en la bahía de Manzanillo para dar paso a depósitos y rellenos industriales eliminó los amortiguadores que históricamente protegían a la ciudad de las inundaciones costeras. Hoy, un frente frío moderado basta para que el mar penetre en las calles bajas, paralizando la actividad comercial y deteriorando la calidad de vida de miles de colonenses.
En el litoral pacífico, el panorama no es menos preocupante. Áreas de expansión reciente como Vacamonte y sectores de Panamá Oeste muestran signos evidentes de erosión costera acelerada. La expansión inmobiliaria ha desafiado los límites naturales, ubicando complejos residenciales peligrosamente cerca de la línea de marea alta. Hoy, con el suelo saturado por las lluvias atípicas de este febrero, los taludes y muros de contención improvisados comienzan a ceder. El resultado es alarmante: socavones que amenazan viviendas y exponen la fragilidad de un urbanismo que ignoró el riesgo ambiental.
El Canal de Panamá ha debido implementar vertidos preventivos en la represa de Gatún durante esta semana para gestionar los niveles hídricos. Sin embargo, en las costas, las terminales portuarias enfrentan el reto de adaptar muelles y grúas a eventos de viento y oleaje que superan los parámetros de diseño originales. El impacto social de esta vulnerabilidad se manifiesta con particular crudeza en la comarca Guna Yala. En 2026, lo que antes eran proyecciones científicas sobre desplazamiento forzado se ha convertido en una realidad cotidiana. El traslado de comunidades enteras desde las islas hacia tierra firme confirma que el ordenamiento territorial en Panamá debe ser, ante todo, un ejercicio de retirada estratégica en determinadas zonas.
Afortunadamente, el reciente lanzamiento del “Mapatón” nacional, impulsado por el Miviot y la UTP, ofrece una luz de esperanza. Esta iniciativa de digitalización territorial permite identificar, con una precisión sin precedentes, las zonas inundables y aquellas donde la construcción debe ser estrictamente prohibida. No obstante, la tecnología por sí sola no basta. El verdadero desafío reside en la voluntad política para aplicar estos insumos y resistir las presiones inmobiliarias que buscan capitalizar cada metro de costa disponible.
La reducción de esta vulnerabilidad exige una transición hacia una planificación basada en la gestión del riesgo y el cambio climático. Esto implica abandonar la idea del concreto como única defensa frente a las inclemencias del tiempo. Restaurar manglares, proteger arrecifes de coral y crear parques costeros inundables son estrategias ya aplicadas en otros países y que Panamá debe adoptar con urgencia. Estas soluciones basadas en la naturaleza no solo resultan más económicas a largo plazo, sino que poseen la capacidad de adaptarse al aumento del nivel del mar, algo que un muro de hormigón jamás podrá hacer.
El autor es estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.
