El país entra a partir de mañana lunes en la recta final de sus elecciones generales del 5 de mayo; las más importantes sin lugar a dudas de los últimos treinta años para el futuro de Panamá.
Estas elecciones están marcadas por la incertidumbre no solo respecto de los resultados, sino también de la lista final de los candidatos presidenciales, ya que sobre la candidatura de uno de ellos -la de José Raúl Mulino, delfín del ex presidente Ricardo Martinelli, quien de momento lidera las encuestas de intención de voto- hay un recurso de inconstitucionalidad aún no resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Estas elecciones también se dan en un escenario inédito y atípico, con altos niveles de tensión política, suspicacia y desconfianza.
A ello debemos agregar un contexto económico y social caracterizado por la desaceleración del crecimiento económico, la pérdida del grado de inversión de parte de la calificadora Fitch, alto endeudamiento externo, malestar social ciudadano, corrupción e impunidad, y desafíos mayúsculos como el déficit de la caja del seguro social, la escasez hídrica del Canal y el reciente cierre de la mina entre otros.
La cultura política muestra datos igualmente preocupantes: bajo nivel de apoyo a la democracia (46%), 53% opina que no le importaría un gobierno no democrático si le da resultados a sus problemas; alto nivel de insatisfacción con la democracia (83%), con partidos políticos y una Asamblea Nacional muy desacreditados y con muy bajos niveles de apoyo popular.
Esta semana será clave: se vienen los cierres de campaña, las proyecciones de las últimas encuestas de intención de voto y, de importancia central, si la CSJ resolverá o no el recurso de inconstitucionalidad sobre la candidatura de Mulino de previo al 5 de mayo y de ser así, cuál será su decisión.
Sin embargo, no hay seguridad de que la CSJ emitirá su opinión de previo al 5 de mayo.
En mi opinión, lo conveniente en un escenario de tanta complejidad, tensión política e incertidumbre como el que vive Panamá, es que la CSJ convoque a un pleno extraordinario, sesione de manera continua y adopte una decisión (a favor o en contra de la constitucionalidad) a más tardar el martes 30 de abril.
Sin desconocer los riesgos y los efectos políticos que esta decisión podría llegar a tener a muy pocos días de la elección y de las críticas y el debate que dicha decisión generaría en la sociedad, considero que sería un mal menor a que la CSJ “decida no decidir” lo cual también tendría efectos políticos muy importantes.
Soy consciente de que no hay un escenario ideal pero, aun así, Panamá debería evitar ir a las elecciones presidenciales del 5 de mayo sin que haya un expreso y claro pronunciamiento de parte de la CSJ. Sería peligroso prorrogar la incertidumbre jurídica post elecciones, sobre todo en el escenario de que Mulino gane la elección presidencial.
Reitero, no hay un escenario ideal. Ambos son de alta complejidad y conllevan riesgos de alta intensidad política. Pero dejar cerrada la incertidumbre jurídica en un sentido u otro es, en mi opinión, el menos grave. Además, está en juego la credibilidad de la propia Corte, una cuestión clave para garantizar la seguridad jurídica, requisito sine quanon en la actual coyuntura para recuperar las inversiones y el crecimiento económico.
Otro tema central al cual hay que ponerle lupa es cómo quedará integrada la Asamblea lo cual definirá las condiciones de gobernabilidad que tendrá el nuevo presidente.
Resumiendo: todos los escenarios están abiertos, no solo los político-electorales sino también los judiciales. Será una elección con un alto nivel de emocionalidad que unido a la incertidumbre, el ser una elección a una sola vuelta, y el elevado nivel de indecisos se definirá no solo en los últimos días sino también, me atrevo a decir, en las últimas horas. Otra variable clave será el nivel de participación electoral (en la última fue de 73%) y dentro de ella, el nivel de participación electoral de los jovenes.
Panamá va camino así a una “elección Netflix”.
