El reciente informe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante, diagnostica que, pese a avances en estabilidad macroeconómica y reducción de la pobreza, la región enfrenta un desafío estructural de bajo crecimiento y estancamiento de la productividad. Para Panamá, estas conclusiones cobran especial relevancia ahora que aspiramos a ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), paso que podría convertirse en catalizador de las reformas necesarias.
El informe identifica tres obstáculos centrales que explican el bajo desempeño: alta informalidad laboral (superior al 50% del empleo), innovación insuficiente (inversión en I+D de apenas 0.5% del PIB) y limitada integración internacional. Estos factores reducen la eficiencia económica, distorsionan la asignación de recursos y debilitan la acumulación de capital humano. Sin embargo, el contexto global actual —marcado por la digitalización, la transición verde y cambios geopolíticos— abre oportunidades si la región implementa reformas estructurales profundas.
Para Panamá, país con ventajas estratégicas como hub logístico global y relativa estabilidad macroeconómica, seis recomendaciones emergen como prioritarias:
Primero, reducir la informalidad mediante la simplificación regulatoria, menores costos de formalización y fortalecimiento de la protección y equidad social. La informalidad limita la productividad, perpetúa vulnerabilidades laborales y profundiza desigualdades extremas que limitan la cohesión social y la gobernabilidad.
Segundo, impulsar una estrategia nacional de innovación que incremente la inversión en I+D, incentive la participación privada mediante créditos fiscales, fortalezca alianzas universidad-empresa y fomente las habilidades digitales y técnicas. En vez de reducir los presupuestos de instituciones críticas como SENACYT y las universidades públicas, estos deberían reforzarse de manera estratégica, con resultados mensurables.
Tercero, diversificar la estructura productiva más allá de servicios tradicionales (logística, canal, finanzas) hacia sectores como economía digital, turismo sostenible, energías renovables y agroindustria de alto valor. La diversificación reducirá vulnerabilidades.
Cuarto, profundizar la integración internacional promoviendo exportaciones con mayor valor agregado, reduciendo costos logísticos internos y fortaleciendo vínculos con socios estratégicos tradicionales y emergentes.
Quinto, fortalecer el capital humano mejorando resultados educativos, reduciendo brechas territoriales y expandiendo la formación técnica. Las habilidades STEM serán esenciales para competir en la economía digital.
Sexto, modernizar el rol del Estado hacia una función estratégica que facilite inversión, coordine políticas productivas y garantice estabilidad y transparencia institucional, mejorando la eficiencia del gasto público y el buen gobierno.
Por otro lado, el ingreso a la OCDE constituye un mecanismo facilitador para la implementación de estas reformas, ya que nos obligaría a adoptar estándares internacionales en gobernanza, transparencia, competencia económica y políticas públicas —precisamente los fundamentos necesarios para las transformaciones recomendadas—.
La OCDE agilizaría el acceso a mejores prácticas probadas en productividad e innovación, permitiendo aprender de experiencias exitosas en economías comparables. Los procesos de revisión por pares —pilar del sistema OCDE— generarían presión constructiva para mantener reformas sostenidas, superando ciclos políticos cortoplacistas.
En innovación, la membresía abriría puertas a redes de conocimiento, cooperación tecnológica y estándares que facilitarían la participación del sector privado. En educación, los marcos analíticos OCDE (como PISA) permitirían diagnósticos precisos y seguimiento riguroso de mejoras en capital humano.
Para la integración comercial, los compromisos OCDE en materia de comercio, competencia y protección de inversiones enviarían señales claras a inversionistas globales, reduciendo riesgos percibidos y atrayendo inversión de calidad hacia sectores diversificados.
Crucialmente, la OCDE fortalecería nuestra credibilidad institucional, facilitando el acceso a mercados de capital en mejores condiciones y generando confianza en la sostenibilidad de políticas económicas, factor esencial para inversiones de largo plazo en innovación e infraestructura.
En conclusión, el crecimiento sostenible de Panamá depende de un cambio estructural basado en productividad con equidad. Las recomendaciones dadas son interdependientes y requieren una ejecución coordinada, la cual se instrumentaría estratégicamente mediante el ingreso a la OCDE, proveyendo marcos institucionales, conocimiento técnico y presión constructiva para mantener reformas coherentes. Si logramos unirnos, tendremos las condiciones favorables para acometer esta transformación y convertir nuestra posición geográfica privilegiada en plataforma de una economía diversificada, innovadora e inclusiva del siglo XXI.
El autor es médico salubrista.
