La aprobación del Contrato Ley 406 desencadenó un masivo repudio social. El papel de los ciudadanos ha adquirido una importancia crucial en la preservación de los valores democráticos y del Estado de Derecho. Ello hace obligante reflexionar sobre la relevancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones en una democracia. El requerimiento colectivo de una respuesta rápida de parte de la Corte Suprema de Justicia es justo y necesario. La independencia y la imparcialidad del poder judicial es esencial para preservar la seguridad jurídica y restaurar la confianza en las instituciones, en especial, en la administración de justicia.
La recién aprobada ley 407 ofrece una respuesta al clamor ciudadano contra la minería metálica a cielo abierto, al dictar una moratoria a las solicitudes de concesiones en trámite. De duración indefinida, prohíbe la concesión de permisos para la realización de actividades de exploración, extracción, transporte y beneficio de minerales metálicos en todo el país.
La suerte del contrato ley 406 deberá ser decidida por la máxima corporación judicial. Abogar por esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia es prudente, evitando así que el país asuma costos innecesarios y se exponga a procesos de arbitraje desfavorables, protegiendo los intereses nacionales.
A los diputados, en teoría, garantes de representar los mejores intereses de la nación, esperemos que les haya quedado claro la importancia de que lean cuidadosamente los proyectos de ley antes de aprobarlos y asuman las implicaciones de sus decisiones. No hacerlo es faltar a su mandato y afectar, en el mejor de los casos, por negligencia, los intereses nacionales.
La priorización de preservar el medio ambiente y la necesidad de diversificar la economía son objetivos perentorios. Con respecto a la actividad minera, urge realizar una auditoría ambiental externa transparente y un plan de recuperación supervisado por expertos y miembros de la sociedad civil, que promueva un desarrollo sostenible y fomente una economía más sólida y diversificada.
“Nadie está por encima de la ley”, frase que se escucha a menudo. La crisis actual que enfrenta el país es un recordatorio de la importancia de que los funcionarios cumplan y hagan cumplir las leyes. El Estado de Derecho es esencial para la estabilidad y el bienestar social. Esta estabilidad incide en la prosperidad económica y es la base sobre la que se construye la confianza en las instituciones gubernamentales y en el sistema democrático.
El Estado de Derecho no es simplemente un conjunto de normas y regulaciones. Implica principios como la supremacía de la ley; la protección de los derechos y libertades fundamentales; la separación de poderes; el acceso a la justicia; la legalidad y predictibilidad; la independencia judicial; y la responsabilidad de los funcionarios por sus acciones.
La participación ciudadana en estos días revitaliza al Estado de Derecho y a la democracia participativa, siendo esencial para vivir en una sociedad en la que prevalezcan la justicia y la equidad.
Abogar por una lucha firme significa no solo defender los derechos y principios, sino también ser conscientes del impacto en la vida cotidiana del panameño de a pie que busca el sustento diario para su hogar. La lucha por la preservación de un Panamá sin minería debe llevarse a cabo de manera estratégica. Ello incluye la educación, esencial para el desarrollo de la sociedad. Se debe asegurar que los niños puedan retornar a clases y recibir la educación de calidad que tanto necesitan.
Hoy se escribe una página inédita de la historia de la nación panameña que requiere de unidad nacional y de determinación. Urge trabajar juntos en la búsqueda de soluciones y actuar con valentía: la firmeza y la convicción no deben estar en conflicto con la sensatez y con la empatía hacia quienes dependen de las decisiones de otros.
Dialogar por la movilización de alimentos y medicamentos, no infringe la defensa de los principios: todo lo contrario. Juntos, podemos superar los desafíos y forjar un futuro de justicia y de prosperidad para todos. El destino de Panamá está en manos ciudadanas. Es su deber garantizar que sea un destino con esperanza y equidad y un futuro sostenible para las generaciones venideras. ¡Hagamos historia, Panamá!
El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación
