La historia de los derechos de los trabajadores dejó una regla clara en el derecho internacional: cuando un Estado firma un convenio laboral, no puede desconocerlo ni justificar su violación.
Panamá ratificó 87 convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En ellos se comprometió a garantizar la libertad sindical, sin injerencia estatal, y la negociación colectiva. Sin embargo, no los cumple. Por eso, la OIT lo incluyó en la lista de 24 países con mayores violaciones a la libertad sindical.
La paradoja es evidente. Mientras el presidente José Raúl Mulino recorre el mundo para sacar a Panamá de las listas que lo señalan por fallas en transparencia fiscal, incumple compromisos laborales básicos. ¿Es posible salir de las listas de la vergüenza persiguiendo a los trabajadores?
Si bien no implica una sanción económica directa, estar en esa lista de la OIT expone al país públicamente en el principal foro laboral del mundo por no cumplir compromisos que el propio Estado aceptó. Esto tiene consecuencias concretas.
Fundamentalmente, deteriora la reputación del país: debilita la seguridad jurídica, erosiona la confianza institucional y cuestiona el cumplimiento de la ley, justo cuando la imagen que se quiere proyectar es la opuesta. Para inversionistas, la estabilidad en la relación entre trabajadores, empresas y gobierno es clave para el clima de negocios.
Además, somete al Estado a seguimiento de la OIT.
Seguir los estándares adoptados por la mayoría de los países del mundo reduce conflictos laborales y contribuye a la estabilidad —algo valorado por empleadores y empleados—. También tiene efectos económicos concretos: mejores condiciones laborales se asocian con mayor productividad. Estudios internacionales, incluidos varios de la Universidad de Oxford, muestran que entornos laborales más equitativos y con mayor organización sindical tienden a registrar menores niveles de desigualdad y mayor rendimiento.
Sin embargo, el gobierno no atendió el fuerte llamado de atención de la OIT, en especial en lo relativo al diálogo social tripartito y la injerencia sindical. Al contrario, ha presentado a los sindicatos como un obstáculo para el desarrollo económico.
Desde 2024, se intenta instalar la idea de que el problema del país no es la debilidad institucional ni la falta de reglas claras, sino “el poder excesivo de los sindicatos”. En esa narrativa, las leyes laborales y los sindicatos aparecen como barreras para la inversión. Pero, ¿qué inversión prospera en un país sin trabajadores ni reglas claras?
El objetivo parece evidente: reducir la influencia de organizaciones de trabajadores sin generar una reacción social mayor. El problema es que la evidencia indica todo lo contrario.
Durante décadas, el diálogo entre trabajadores, empresas y gobierno ha estructurado las relaciones laborales en Panamá. Ese sistema tripartito, promovido por la propia OIT, ha permitido negociar conflictos, firmar convenios colectivos y evitar crisis laborales mayores. Fue clave en periodos de alto crecimiento, como la ampliación del Canal.
El propio sector empresarial ha participado históricamente en esos espacios, a través de gremios como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac). Eso no significa que el sistema haya funcionado sin tensiones, pero la negociación ha permitido resolverlas dentro de reglas claras.
Panamá mantiene una relación histórica con la OIT desde 1919, como país fundador. La última vez que fue señalado por no respetar sus convenios fue en 2011, durante el gobierno en el que el actual presidente era ministro de Estado, en el contexto de la aprobación de la llamada “ley chorizo” y la crisis social que provocó. Reducir el problema a una simple lucha entre desarrollo económico y sindicatos ignora esa historia y distorsiona el funcionamiento real del mercado laboral panameño.
Las cifras reflejan la falta de una política efectiva de empleo: la mitad de los panameños trabaja en la informalidad y el desempleo alcanza el 10.4%. Suspender el diálogo, perseguir sindicalistas y no cumplir los convenios que obligan a consultar a los trabajadores no resuelve el problema: lo agrava. Por eso, en febrero de 2026 la OIT volvió a llamar la atención al Gobierno panameño y urgió el cumplimiento de sus compromisos.
De continuar con esta situación, en 2026 el país se mantendrá por dos años consecutivos en la lista negra de la OIT. Un resultado difícil de justificar si se considera que, según el Gobierno y el propio presidente, se hacen esfuerzos por salir de las listas que dejan la reputación de Panamá por el piso.
Si el país quiere más inversiones y mejorar la imagen, toca atender el llamado y considerar una lección básica de la experiencia internacional: los países con mayor estabilidad económica suelen ser aquellos donde existen instituciones laborales fuertes, mecanismos eficaces de negociación colectiva y cumplimiento irrestricto de los compromisos legales.
Salir de las listas internacionales no depende solo de lo que un gobierno diga en foros internacionales. Depende de la coherencia entre lo que un país promete en el exterior y lo que cumple dentro de sus propias instituciones.
El diálogo social no es un obstáculo: es una condición de estabilidad.
El autor es abogado, experto en derecho laboral y asesor de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi). Produjo esta columna en el Programa de Escritura ‘Pensar Panamá/ Narrar la Democracia’, de Concolón y la Embajada del Reino Unido en Panamá.
