La firma del memorando de entendimiento entre la República de Panamá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) marca un hito en la arquitectura institucional del país. Con este paso, la nación avanza decididamente hacia el diseño de mejores políticas públicas que consoliden las bases de un crecimiento económico inclusivo. Esta iniciativa no solo busca optimizar los indicadores financieros, sino también elevar la calidad educativa, robustecer la acción climática y combatir con firmeza la evasión fiscal internacional.
Para alcanzar esta meta, Panamá participará activamente en programas, evaluaciones y revisiones técnicas, adoptando los estándares globales que conducirán al país hacia su integración como miembro pleno. Este proceso es clave para posicionar a la nación en una trayectoria de crecimiento sostenible y equitativo que se traduzca en la generación de empleos y una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos.
Bajo este marco, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) liderará el acercamiento estratégico, asumiendo la coordinación técnica de todas las carteras estatales involucradas. En este esfuerzo transversal, el MEF trabajará estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que la transición sea coherente con la política exterior del Estado.
Para tales fines, el Órgano Ejecutivo ha constituido el Comité Ministerial de Alto Nivel, instancia encargada de supervisar la ejecución de todas las acciones derivadas de este proceso. El Comité está integrado por los titulares de la Cancillería y el Ministerio de la Presidencia, bajo la presidencia y coordinación técnica del MEF.
En el marco de las revisiones del sistema tributario nacional, resulta importante considerar las tendencias del Comité de Asuntos Fiscales (CFA) de la OCDE. Estas directrices, que abarcan la tributación directa e indirecta, no solo inciden en la eficiencia recaudatoria, sino que definen la capacidad del Estado para garantizar el contrato social.
Las tendencias fiscales globales impulsadas por transformaciones políticas, económicas y tecnológicas dictan hoy el ritmo de las reformas actuales. La digitalización de la economía, sumada a la creciente demanda ciudadana por la transparencia, impulsará al Gobierno a replantear el modelo tributario para adaptarlo a los nuevos paradigmas de imposición del siglo XXI.
Uno de los ejes determinantes en la hoja de ruta será la implementación del enfoque Side-by-Side. Este mecanismo garantiza la convivencia armonizada del Impuesto Mínimo Global (Pilar Dos), el cual establece una tasa efectiva del 15% por jurisdicción para grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. Esta medida, articulada con las reformas en precios de transferencia y los demás pilares del proyecto BEPS, transformará el sistema tributario nacional al integrar criterios de sustancia económica en su estructura.
El diagnóstico de la OCDE en su informe Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025 subraya la urgencia de estos cambios. En Panamá, el Impuesto sobre la Renta de los asalariados es el mayor componente de la recaudación; sin embargo, la presión fiscal se sitúa en un 11.9% del PIB, cifra considerablemente baja frente al promedio regional de 21.3% y al 33.9% de los países miembros de la Organización.
Las recomendaciones del CFA de la OCDE constituyen, sin duda, un referente esencial para la hoja de ruta fiscal del país. No obstante, la modernización del sistema tributario debe ser un proceso de adaptación estratégica, no de mera adopción. Al cotejar los estándares internacionales con la competitividad fiscal en un mundo fragmentado, Panamá asegura no solo el cumplimiento de sus compromisos globales, sino la arquitectura de un sistema fiscal robusto, justo y, sobre todo, diseñado para el crecimiento inclusivo.
El autor es socio de Galíndez, Medrano & Asociados.
