Panamá atraviesa un momento crucial en su vida institucional. Mientras se discuten distintas rutas hacia una Constituyente, el país observa cómo los partidos políticos reforman el Código Electoral a su conveniencia, al tiempo que la empresa privada sigue asfixiada por regulaciones cada vez más estrictas. La pregunta es inevitable: ¿cómo atraer inversión extranjera en semejante escenario?
Por un lado, la propuesta de Constituyente liderada por el profesor Miguel Antonio Bernal busca un proceso pedagógico y de concienciación ciudadana que ponga en manos del pueblo la construcción de un nuevo pacto social. En paralelo, la llamada Constituyente Paralela parece orientarse más a la confrontación y al despertar de “cabezas calientes” que a la búsqueda de consensos nacionales.
A la vez, los partidos políticos —muchos de ellos señalados por corrupción— impulsan reformas al Código Electoral sin un verdadero marco de regulación sobre el uso y manejo de los millonarios fondos que reciben del erario público. Mientras tanto, el sector privado, nacional y extranjero, se enfrenta a controles cada vez más minuciosos: desde bancos y fiduciarias hasta promotoras inmobiliarias y comercios deben cumplir exigencias burocráticas que alcanzan hasta lo más elemental.
Esta disparidad proyecta un mensaje contradictorio hacia el mundo: en Panamá, la política es terreno de indulgencia, mientras la empresa privada debe “respirar con permiso”. Esa asimetría erosiona la confianza de inversionistas que buscan, más allá de oportunidades, un entorno institucional predecible y transparente.
La atracción de capital extranjero no depende únicamente de exenciones fiscales o de una economía dolarizada; descansa, sobre todo, en la certeza jurídica, la transparencia en la gestión pública y la confianza en que las reglas se apliquen por igual a todos. Mientras la política permanezca blindada frente a la regulación y el escrutinio ciudadano, y la carga siga concentrándose únicamente en el sector privado, Panamá corre el riesgo de convertirse en un país poco atractivo para quienes desean invertir a largo plazo.
Si realmente aspiramos a consolidar nuestra posición como centro regional de inversión, debemos empezar por ordenar la casa política. Un país con partidos sin rendición de cuentas y con Constituyentes en disputa, pero con empresarios vigilados hasta el último movimiento, difícilmente será visto como un destino serio y confiable. La coherencia institucional es la base del desarrollo, y Panamá no puede seguir posponiéndola.
El autor es abogado.
