Panamá está dejando escapar hasta 250 millones de dólares al año. No por falta de actividad económica, sino por falta de decisión política.
Imagine una empresa multinacional que opera en Panamá bajo regímenes especiales —como la Zona Franca o el SEM— y paga tasas efectivas de 5% o menos. Durante años, eso fue una ventaja competitiva. Pero desde 2024, el escenario cambió.
Más de 140 países acordaron que las grandes multinacionales —aquellas con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales— deben pagar un impuesto mínimo efectivo de 15% en cada jurisdicción donde generan utilidades.
Aquí surge la pregunta clave: si Panamá no cobra ese 15%, ¿quién lo hace?
La respuesta es simple y preocupante: lo cobran los países donde se encuentran las casas matrices de esas empresas —Estados Unidos, España, Colombia o el Reino Unido—. Panamá, en cambio, no recibe nada.
Esto no es una hipótesis. Es una realidad regulatoria.
El mecanismo se conoce como Impuesto Mínimo Doméstico Calificado (QDMTT) y forma parte del marco internacional de Pillar Two de la OCDE. Su objetivo es evitar que las multinacionales trasladen utilidades a jurisdicciones de baja tributación.
Panamá, hasta ahora, no ha implementado este instrumento.
Mientras tanto, otros países ya lo están haciendo. Barbados, por ejemplo, ha comenzado a recaudar decenas de millones de dólares aplicando esta normativa.
Las estimaciones son claras: Panamá podría estar perdiendo entre 220 y 250 millones de dólares anuales.
Ese monto representa más del 0.3% del PIB y alrededor del 2% al 3% de la recaudación del impuesto sobre la renta corporativa. No es una cifra menor. Es dinero suficiente para financiar infraestructura, educación técnica o proyectos logísticos vinculados al Canal.
El Fondo Monetario Internacional ya lo advirtió en 2023: si Panamá no adopta el QDMTT, otros países recaudarán impuestos sobre ingresos generados dentro de su territorio.
El problema no es solo fiscal. También es estratégico.
Si Panamá no actúa, pierde recaudación y competitividad. Los incentivos fiscales dejan de tener efecto, porque las multinacionales seguirán pagando el 15%, pero en otra jurisdicción. El beneficio desaparece y el costo reputacional permanece.
Además, la presión internacional aumenta. La permanencia en listas grises y la percepción de rezago normativo afectan la confianza de inversionistas que buscan entornos alineados con estándares globales.
La solución no es compleja, pero sí urgente.
Panamá puede —y debe— implementar el QDMTT mediante una ley sencilla, alineada con el modelo de la OCDE. Esto no implica aumentar impuestos, sino capturar ingresos que ya están siendo gravados en otras jurisdicciones.
Los regímenes especiales pueden mantenerse. El QDMTT no los elimina; simplemente garantiza que, si una empresa paga menos del mínimo global, la diferencia se recaude localmente y no en el extranjero.
Adicionalmente, la implementación técnica es viable. Con una inversión relativamente baja en sistemas digitales, el país puede procesar la información y gestionar la recaudación sin aumentar la burocracia.
La pregunta, entonces, no es si Panamá puede hacerlo.
La pregunta es por qué aún no lo ha hecho.
La Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas tienen ante sí una decisión clave. No se trata de crear nuevas cargas fiscales, sino de evitar que otros países sigan capturando ingresos generados en Panamá.
Seguir postergando esta decisión equivale a ceder recursos estratégicos en un momento en que el país necesita fortalecer sus finanzas públicas y su credibilidad internacional.
Panamá no puede darse el lujo de seguir perdiendo dinero por inacción.
El autor es consultor fiscal.
