El crecimiento de Panamá durante las últimas décadas ha transformado nuestra realidad. Nuevos edificios, hospitales, centros comerciales, instalaciones industriales, proyectos públicos y privados requieren cada vez mayores niveles de especialización técnica. Este desarrollo trae consigo una pregunta fundamental: ¿estamos fortaleciendo nuestros sistemas de revisión, inspección y fiscalización al mismo ritmo que crece nuestra infraestructura?
Como miembro de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) y a partir del conocimiento adquirido en esta responsabilidad, he podido observar que muchos de los retos que enfrenta el país no necesariamente se originan en la falta de normas o reglamentos, sino en la necesidad de contar con criterios técnicos más uniformes y profesionales mejor preparados para aplicarlos.
Uno de los desafíos más importantes es la diferencia de interpretación que puede existir entre instituciones y municipios al momento de revisar proyectos, inspeccionar obras o evaluar el cumplimiento de requisitos técnicos. Esto puede generar atrasos, retrabajos, incertidumbre para los inversionistas y, sobre todo, riesgos que pueden afectar la seguridad de los usuarios.
Panamá cuenta con excelentes profesionales y con instituciones técnicas de gran valor. Sin embargo, el crecimiento actual del país exige evolucionar hacia un modelo donde la experiencia profesional se complemente con procesos formales de certificación técnica especializada.
Por ello, considero oportuno abrir una discusión nacional sobre la creación de un Programa de Diplomados de Certificación Técnica Especializada, impulsado por las universidades panameñas en coordinación con las entidades responsables de regular y supervisar estas actividades.
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), por su reconocida trayectoria en ingeniería, arquitectura y tecnología, tiene las condiciones para asumir un papel protagónico en esta iniciativa. Sin embargo, el objetivo debe ser más amplio: permitir que todas las universidades con capacidades académicas y técnicas puedan aportar al desarrollo de programas que respondan a las necesidades reales del país.
La propuesta no busca simplemente crear más cursos de capacitación. El objetivo es formar profesionales certificados para cumplir funciones técnicas específicas que Panamá necesita.
Un ejemplo sería el Diplomado en Revisión Técnica Certificada de Edificaciones, donde ingenieros y arquitectos puedan fortalecer sus conocimientos en reglamentos nacionales, códigos internacionales, interpretación de planos, evaluación de sistemas constructivos, elaboración de informes técnicos y análisis de casos reales.
Este modelo también podría aplicarse a áreas donde existe una necesidad evidente de especialistas certificados, como la inspección de sistemas contra incendios, instalaciones eléctricas, sistemas mecánicos y de climatización, elevadores, instalaciones de gas, calderas y sistemas hidrosanitarios.
La diferencia frente a muchos programas tradicionales de educación continua es que estos diplomados tendrían un enfoque práctico. No se trataría únicamente de aprobar materias y recibir un certificado, sino de demostrar la capacidad del profesional para interpretar normas, analizar situaciones reales y emitir criterios técnicos responsables.
Para lograrlo, las universidades deberían trabajar junto con instituciones como la JTIA, el Ministerio de Obras Públicas, los municipios, organismos de seguridad, gremios profesionales y especialistas del sector privado. La universidad aportaría la estructura académica; las entidades técnicas aportarían la experiencia práctica y el conocimiento de las necesidades nacionales.
Los beneficios para Panamá serían significativos. Contaríamos con profesionales mejor preparados, criterios técnicos más uniformes, procesos de aprobación más eficientes y mayor confianza para quienes desarrollan proyectos de inversión en nuestro país.
También fortaleceríamos la seguridad de nuestras edificaciones e instalaciones. Una correcta revisión técnica y una inspección profesional pueden prevenir problemas futuros, reducir costos asociados a errores constructivos y proteger la vida de las personas.
Para las universidades, esta iniciativa representa una oportunidad estratégica de acercarse aún más a los desafíos reales de la sociedad. La educación superior moderna no debe limitarse a transmitir conocimiento; debe convertirse en una herramienta para resolver problemas nacionales y aportar soluciones concretas.
La creación de un Sistema Nacional de Formación y Certificación Técnica Especializada permitiría que Panamá prepare una nueva generación de profesionales con competencias verificables y reconocidas. No se trata solamente de crear nuevos diplomados, sino de construir una cultura de excelencia técnica, prevención y responsabilidad profesional.
El país seguirá creciendo. La pregunta que debemos hacernos es si estamos preparando adecuadamente a quienes tendrán la responsabilidad de garantizar que ese crecimiento sea seguro, eficiente y sostenible.
Esta es una conversación que debemos iniciar ahora.
El autor es ingeniero electromecánico. Ha sido profesor universitario, Jefe de Distribución Eléctrica, Director de Ingeniería en la Contraloría General de la República y Diputado Suplente en el período 2019–2024.
