Cada cierto tiempo, organismos internacionales publican informes que colocan a Panamá entre los países con “peor distribución de la riqueza” y “alta desigualdad”. Los titulares se repiten, los rankings circulan y la narrativa se consolida. Pero quienes vivimos, trabajamos e invertimos en este país sabemos que esa aseveración no solo es incompleta, sino engañosa.
¿Cómo puede un país con uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina, con estabilidad monetaria, pleno acceso al crédito, expansión urbana, fuerte inversión privada y una clase media visible, ser clasificado casi como un fracaso social? La respuesta está menos en Panamá y más en los indicadores que se utilizan para juzgarlo.
Primero, pongamos las cosas en su lugar. La pobreza es un problema mucho más grave que la desigualdad. La desigualdad mide diferencias relativas; la pobreza mide carencias reales. Un país puede ser desigual y dinámico, pero un país pobre está condenado al estancamiento y a la miseria. En Panamá, el problema no es que algunos tengan más, sino que no todos han podido integrarse plenamente a una economía que sí genera empleo y oportunidades.
Y aquí aparece el gran vacío de los informes internacionales: ignoran el rol del empleo y de la educación pertinente. Hoy Panamá tiene miles de vacantes en logística, construcción, turismo, finanzas, industria y servicios especializados. Lo que falta no es trabajo, sino capital humano con las especialidades requeridas. Educación no es solo ir a la escuela; es capacitarse para lo que el mercado demanda. Para eso existen instituciones como el ITSE y el INADEH, cuyo fortalecimiento reduce la pobreza de una manera efectiva.
Segundo, se insiste en que Panamá tiene una “mala distribución de la riqueza”. Pero esa afirmación choca con la realidad cotidiana. Panamá tiene una clase media amplia, concentrada en la ciudad de Panamá, Colón y los polos urbanos del este y oeste de la capital. Basta observar la expansión de viviendas formales, el consumo interno, la movilidad diaria desde ciudades dormitorio y el acceso al crédito para comprobarlo. No estamos ante una sociedad polarizada entre ricos y pobres, sino ante una economía urbana con ingresos medios predominantes.
Incluso el acceso a la vivienda contradice ese relato. En Panamá, una persona con salario mínimo puede acceder a una vivienda de interés social. Eso explica por qué amplias zonas urbanas muestran techos formales y no grandes sectores de infravivienda. No es un país sin pobreza, pero tampoco el escenario de exclusión generalizada que describen algunos informes.
Un tercer punto que suele tratarse con ligereza es el de las comarcas indígenas. Aproximadamente el 17% de la población ocupa cerca del 23% del territorio nacional. Estas regiones aparecen automáticamente como “pobres” en estadísticas monetarias, pero no pueden analizarse exclusivamente bajo parámetros urbanos o industriales. En muchos casos se trata de decisiones culturales y territoriales conscientes, que priorizan la conservación de la tierra y formas tradicionales de vida, incluso cuando existen recursos naturales explotables. El Estado debe garantizar servicios básicos, sí, pero confundir esto con una “mala distribución de la riqueza” nacional resulta metodológicamente incorrecto.
El resultado de estas distorsiones es claro: Panamá es castigado por crecer, por ser una economía abierta y por tener sectores altamente productivos. Indicadores como el índice de Gini penalizan cualquier diferencia, incluso cuando todos mejoran. No miden movilidad social, no captan la expansión de la clase media y no distinguen desigualdad productiva de exclusión real.
Mirando hacia adelante, el panorama es aún más claro. Panamá entra en un nuevo ciclo de inversión pública y privada. Un auge sostenido del turismo de convenciones, gracias a la conectividad aérea y al Centro de Convenciones de Amador, es una de las señales de ese proceso. Todo esto apunta a más crecimiento, más empleo y mayor integración económica. Adicionalmente, a raíz de los viajes del presidente Mulino y sus comitivas, se anticipa una fuerte inversión extranjera de grandes empresas norteamericanas y europeas. Si Panamá logra alinear la educación técnica con la inversión, no solo puede crecer al 7 u 8%, sino acercarse al pleno empleo. Ese es el verdadero camino para reducir la pobreza.
Los organismos internacionales harían bien en mirar más allá de rankings simplistas. Panamá no es un país fracasado por desigualdad. Es un país en transición, con una economía vibrante y con una pobreza cada vez más cerca de reducirse a su mínima expresión.
El problema no es Panamá. El problema es medirlo mal.
El autor es promotor de proyectos.
