Los hechos de violencia que se registran en los centros educativos del país, especialmente en la provincia de Colón, no constituyen sucesos aislados ni simples problemas disciplinarios. Son señales inequívocas de una crisis social que exige una respuesta nacional.
Cada semana conocemos nuevos casos de agresiones entre estudiantes, amenazas, porte de armas, reclutamiento por pandillas y conductas cada vez más violentas entre adolescentes. Mientras tanto, miles de jóvenes que desean estudiar y construir un futuro mejor ven amenazado su derecho a recibir educación en ambientes seguros.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es sencilla, pero profunda: ¿estamos haciendo lo suficiente para evitar que una generación entera se pierda en la violencia y la delincuencia?
Sería injusto responsabilizar exclusivamente a los docentes o a las escuelas. La violencia que hoy llega a las aulas tiene raíces más profundas. Es el reflejo de la desintegración familiar, la pérdida de autoridad, la influencia de las pandillas, las nuevas formas de violencia en las redes sociales y una preocupante crisis de valores que afecta a toda la sociedad.
La Constitución Política de la República establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que la educación debe procurar la formación integral del ser humano. Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que la protección de la niñez y la adolescencia constituye una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado.
Sin embargo, cuando la familia pierde la capacidad de ejercer autoridad y los grupos criminales encuentran terreno fértil para captar adolescentes, el Estado no puede permanecer indiferente.
Defender los derechos de los menores de edad no significa renunciar a la disciplina ni a la responsabilidad. Tampoco significa abandonar a las grandes mayorías de estudiantes que tienen derecho a aprender sin miedo.
El interés superior del menor debe entenderse en toda su dimensión. Implica rescatar a los jóvenes que han sido absorbidos por la violencia, pero también proteger a quienes desean vivir, estudiar y progresar en paz.
Panamá necesita una política de Estado y no respuestas improvisadas. Necesitamos fortalecer la familia, ampliar los servicios de salud mental, incrementar la presencia de orientadores, psicólogos y trabajadores sociales en los centros educativos, y desarrollar mecanismos eficaces para prevenir el reclutamiento juvenil.
Igualmente, ha llegado el momento de abrir un debate serio sobre la creación de programas especializados de formación, disciplina y rehabilitación para adolescentes con altos niveles de conflictividad, concebidos no como espacios de castigo, sino como centros de recuperación y reinserción social, bajo estricto respeto de los derechos humanos.
La nación no puede acostumbrarse a que la violencia se convierta en una característica normal de nuestras escuelas.
Todavía estamos a tiempo de actuar.
Pero la historia demuestra que las sociedades que renuncian a sus jóvenes terminan pagando un precio demasiado alto.
Panamá no puede perder una generación.
Rescatarla debe convertirse en una causa nacional que trascienda diferencias políticas, gobiernos y coyunturas. Porque, al final, proteger a nuestros jóvenes es proteger el futuro mismo de la República.
El autor es abogado y docente.
