¿Qué pasaría si un huracán de gran intensidad golpeara directamente nuestras costas mañana? ¿O si una tormenta atípica, de esas que ya no son tan raras en nuestro trópico, dejara fuera de servicio los puertos y la carretera Interamericana por semanas? No son ejercicios teóricos ni tramas de ficción. Son escenarios plausibles que dependen menos de la supuesta furia de la naturaleza y mucho más de las decisiones que tomamos, o dejamos de tomar, hoy mismo.
Durante décadas, en Panamá vivimos bajo el mito de que Dios es panameño y que los huracanes solo pasan cerca. La realidad reciente nos ha dado bofetadas de humildad. Los desastres no son caprichos del clima; son el resultado de decisiones humanas sobre dónde permitimos construir, qué tan flojas son nuestras regulaciones y qué prioridades decidimos financiar. En América Latina lo resumimos con una frase que no admite medias tintas: los desastres no son naturales. Esta idea cambió la política pública porque dejó de bastar la foto entregando bolsas de comida después de la tragedia, para poner el foco en prevenir lo evitable.
En 2015, en Sendai, Japón, se aprobó un marco global para reducir el riesgo de desastres hacia 2030. No es un documento académico para llenar estantes. Es una hoja de ruta práctica que pide entender el riesgo, fortalecer la gobernanza e invertir en resiliencia. Para Panamá, esto es tarea obligatoria.
Tener en la Ciudad del Saber la sede regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres no es un adorno. Es una oportunidad estratégica desperdiciada si no lideramos esta agenda. Hemos dado pasos, es cierto. La Ley 7 de 2005 reforzó al Sinaproc y hoy tenemos una política nacional actualizada. Pero, seamos honestos: la distancia entre el papel y la realidad sigue siendo un abismo.
La coordinación entre instituciones es frágil y muchas veces se ahoga en burocracia. La descentralización avanza a paso de tortuga y la gran mayoría de nuestros municipios no tiene ni el personal técnico ni los recursos para aplicar planes de ordenamiento territorial serios. Lo más preocupante es que la evaluación de riesgo aún no es un requisito innegociable en cada inversión pública o privada. Construimos hoy lo que se inundará mañana.
Esto no es solo un tema de solidaridad; es una cuestión de billetera estatal. Panamá depende de su conectividad y su logística. Un evento climático mayor puede borrar años de crecimiento, paralizar el Canal, interrumpir el comercio y quebrar a nuestros productores en Tierras Altas o en el Azuero. Cada dólar que no invertimos hoy en drenajes adecuados, códigos de construcción estrictos o sistemas de alerta temprana lo pagaremos mañana con creces en vidas, infraestructura destruida y pérdida de confianza internacional.
La prevención no es un lujo ni una carga ideológica; es la mejor póliza de seguro para el desarrollo. Invertir en resiliencia sale mucho más barato que reconstruir sobre el lodo. La imprudencia de ubicar instalaciones críticas en zonas vulnerables es, sencillamente, un mal negocio.
Lo que hace falta es voluntad política y, sobre todo, ejecución. Los gobiernos deben traducir los planes en presupuestos reales. El sector privado debe entender que el riesgo es parte de su rentabilidad. Y nosotros, como ciudadanos, debemos exigir seguridad, porque la prevención se construye desde la casa y la escuela, no solo desde un despacho en la capital.
Panamá tiene activos envidiables, pero la suerte no es una estrategia de planificación. Si queremos un país que no se paralice cuando suba el nivel del mar o sople el viento con fuerza, debemos actuar. Reducir el riesgo es una decisión económica y política que puede garantizarnos un futuro. El momento de ejecutar es ahora, antes de que el cielo se vuelva a oscurecer.
El autor es empresario y comunicador.
