Los recientes rechazos del gobierno chino al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario con Panama Ports Company (PPC) anticipan la posibilidad de medidas punitivas contra Panamá. Los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores de China han reiterado que defenderán “firmemente los legítimos intereses” de sus empresas. Aunque el alcance preciso de estas medidas permanece incierto, paralelos recientes permiten identificar patrones de interés y anticipar escenarios plausibles.
Para comprender la magnitud del desencuentro actual, resulta clave reconocer las diferencias estructurales entre ambos Estados. Panamá opera bajo un sistema de separación de poderes en el que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial funcionan con autonomía constitucional. Esta distinción fue subrayada por el presidente José Raúl Mulino al categorizar el fallo de la CSJ como un asunto estrictamente judicial y no como una decisión de política de Estado.
Por su parte, el Estado chino actúa como un sistema verticalmente integrado bajo la dirección del Partido Comunista Chino (PCCh), en el poder desde 1949. Los 23 ministerios y tres comisiones —incluida la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao—, formalmente adscritos al Consejo de Estado, mantienen en la práctica dos líneas de reporte: una al primer ministro y otra al PCCh, que constituye la verdadera línea de autoridad.
Esta arquitectura institucional tiene consecuencias prácticas. Las decisiones adoptadas por órganos independientes del Estado panameño no son interpretadas en Pekín como expresiones autónomas, sino como acciones atribuibles al conjunto del Estado, bajo una lógica de coordinación vertical. Este rasgo estructural resulta fundamental para entender el tono y el alcance de las reacciones oficiales chinas.
En cuanto a eventuales medidas punitivas, el caso de Japón ofrece un precedente ilustrativo. Tras declaraciones de la entonces ministra japonesa Sanae Takaichi sobre una eventual respuesta ante acciones militares chinas en Taiwán, Pekín reaccionó con un paquete multidimensional: restricciones a la exportación de minerales raros, prohibición de importaciones de mariscos japoneses y recomendaciones para que turistas chinos evitaran viajar a Japón. En el plano simbólico, China retiró dos pandas en préstamo del Zoológico de Ueno, en Tokio, enviando un mensaje inequívoco sobre el deterioro de las relaciones bilaterales.
Panamá no tiene pandas en préstamo ni recibe gran flujo de turistas chinos, pero posee otros elementos susceptibles a presión china. El primero es el acuerdo sobre transporte marítimo que otorga a la flota mercante de bandera panameña el estatus de “Nación Más Favorecida” en puertos chinos, suscrito por la Autoridad Marítima de Panamá y programado para renovarse. El segundo es la exención de visa para nacionales panameños que visitan Hong Kong por 30 días, vigente desde 2019. Aunque su revocación tendría impacto económico limitado, enviaría una señal política clara. El tercero, y más significativo, es que China figura anualmente entre los principales países por flujo de carga a través del Canal de Panamá, junto con Estados Unidos y Japón. Esta vulnerabilidad es particularmente relevante dado el desarrollo de infraestructura portuaria china en la región.
La naturaleza de una posible respuesta fue insinuada por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao al advertir que “las autoridades panameñas deberían reconocer la situación y retomar el buen camino” y que, de persistir en su postura, “seguramente pagarán un alto precio, tanto político como económico”.
En este contexto, no puede descartarse que China complique la renovación del acuerdo de transporte marítimo o reevalúe la exención de visa para Hong Kong. Más significativo aún sería un eventual redireccionamiento de naves chinas hacia puertos de operación o propiedad china en la región, como Kingston, en Jamaica (operado por China Merchants Ports Holdings), o Chancay, en Perú (donde Cosco Shipping posee el 60% de participación), reduciendo el tránsito por el Canal de Panamá y el uso de sus puertos.
Ante este escenario, el plan de contingencia del Ejecutivo panameño debería incorporar una estrategia clara para proteger estos y otros intereses nacionales, partiendo del reconocimiento de las profundas diferencias estructurales entre ambos sistemas estatales.
El autor es analista de relaciones internacionales.
