Debemos superar el complejo de país pobre. Panamá no es un país pobre; ese concepto quedó en la historia. Las características económicas del país cambiaron a partir del año 2000 y siguieron cambiando favorablemente a partir de 2016, después de la ampliación de nuestro canal. Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977, solo el Canal, en términos de dividendos, ha significado una entrada de cerca de 30 mil millones de dólares.
Son las malas administraciones, especialmente a partir de 2014, las que han mantenido viva esa narrativa para justificar su fracaso. Gobiernos que, en plena bonanza, destruyeron la poca institucionalidad existente y convirtieron al Estado en la caja menuda de su ambición. No entendieron el momento histórico, llevaron la economía del país a las listas grises, hicieron a la población vulnerable aún más pobre y pusieron a la clase media en riesgo de descender al mismo nivel del que, con esfuerzo, había salido.
La riqueza geográfica como motor
Bendecida por Dios, la verdadera riqueza de Panamá está en su posición geográfica: un istmo que se abrió para beneficio del comercio mundial y unió dos océanos y varios continentes. De esa majestuosa obra —que hoy funciona mejor que hace varias décadas— se deriva la plataforma logística, así como los servicios marítimos y financieros que alimentan el PIB del país, en torno a 84 mil millones de dólares.
Esa geografía privilegiada genera ingresos extraordinarios: más de 2 mil millones anuales del Canal; un fideicomiso de 1,200 millones de empresas estatales de energía y telecomunicaciones corporativizadas; y millones provenientes de notarías y consulados marítimos.
El contraste social
Pero toda esta riqueza no ha llegado a la mayoría. Panamá convive con altos niveles de desigualdad, un cuarto de la población en pobreza, comarcas indígenas en exclusión extrema y servicios de salud, educación y empleo que siguen siendo privilegios. La abundancia de ingresos estratégicos se ha diluido en opacidad, corrupción y modelos de gasto que benefician a pocos.
El tema de la explotación de la mina de cobre
Aparentemente, hay intenciones gubernamentales de seguir explotando las minas de cobre. Si la reapertura de la mina es ya una decisión política tomada, el reto es no repetir el pasado.
El cobre debe explotarse respetando todos los preceptos legales, con la aquiescencia de las mayorías y con un destino de los dividendos debida y específicamente bien definidos a través de una ley, bajo un modelo moderno, con respeto ambiental, planes claros de mitigación de daños y beneficios directos para las comunidades de las áreas afectadas.
Hoy día, ningún país serio concibe la explotación de sus recursos naturales sin dos principios básicos: beneficio directo para la población y respeto al medio ambiente con medidas de mitigación claras. Hay referentes que lo demuestran:
Suecia usa los dividendos de su minera estatal para financiar proyectos comunitarios y hasta el traslado completo de la ciudad de Kiruna.
España y la Unión Europea obligan a que parte de los ingresos mineros se reinviertan en la región y en rehabilitación ambiental.
Alemania reconvirtió antiguos territorios mineros en polos tecnológicos y culturales.
Países como Japón y Corea del Sur apostaron por la “minería urbana” y el reciclaje de minerales para reducir impactos y fortalecer su desarrollo social.
Estos casos no son perfectos, pero marcan una tendencia: los recursos naturales deben gestionarse pensando en la gente y en el ambiente. En Panamá, esta mina solo tendrá sentido si contribuye a ambos fines, y si sus réditos alimentan el Fondo Patrimonio para Todos —o Fondo de la Posición Geográfica— para transformar riqueza en desarrollo humano.
Lecciones internacionales
El mundo ofrece otros ejemplos de cómo administrar recursos estratégicos con visión de futuro:
Noruega convirtió el petróleo en el mayor fondo soberano del planeta.
Chile y Botsuana canalizaron cobre y diamantes hacia fondos que sostienen pensiones, educación y salud.
Timor Oriental hizo lo mismo con el gas.
Los Emiratos Árabes Unidos usaron sus rentas petroleras para diversificar su economía.
Todos entendieron que los recursos naturales deben administrarse con transparencia, reglas claras y visión de largo plazo.
Un fondo para Panamá
Ha llegado la hora de que Panamá cree su propio mecanismo: un Fondo Patrimonio para Todos —o Fondo de la Posición Geográfica—, donde cada dólar generado por el Canal, la energía, la minería, las telecomunicaciones y otras rentas nacionales que hoy son fuentes de enriquecimiento de familiares, amistades y donantes de campañas electorales, se convierta en salud, educación, vivienda y empleo digno.Sueldos y pensiones que hoy son la antesala a una vejez paupérrima deben transformarse en fuentes de calidad de vida digna.
Conclusión: hacia un Estado ganar-ganar
El Estado al que aspiramos es de ganar-ganar: la población gana en calidad y futuro de vida; la empresa privada gana con ciudadanos con mayor capacidad económica; y los buenos políticos ganan en reconocimiento, eficiencia y legitimidad.
La realización de esa idea de un fondo verdaderamente solidario es la mejor prueba de que el país estaría en el camino correcto. Los únicos que pierden son los malos políticos, los que dependen de un modus vivendi clientelista para sostenerse.
Placa del atrio del Instituto Nacional de Panamá: “Solo los hombres que construyen sobre ideas, construyen para la eternidad”. Ralph Waldo Emerson.
Los próceres, y también Omar, lo hicieron.
El autor es neurocirujano.
