El viernes 17 de octubre de 2025 se perfilaba como un día histórico para el sector marítimo en su esfuerzo por limitar el calentamiento global. En la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI) se proponía votar la primera regulación internacional que impondría un precio global al carbono sobre las emisiones del transporte marítimo, un paso sin precedentes hacia la internalización del costo climático en la industria.
El transporte marítimo genera el 2.9% de las emisiones globales de CO₂ —unos 1,076 millones de toneladas anuales, según el Cuarto Estudio de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la OMI—, una huella mayor que la de países como Alemania. De no descarbonizarse, sus emisiones podrían aumentar entre 90% y 130% para 2050, contraviniendo el Acuerdo de París y su meta de 1.5 °C. Alcanzar el cero neto requiere innovación tecnológica —combustibles alternativos, eficiencia energética— y mecanismos económicos que reflejen el costo del carbono y apoyen a los países en desarrollo. Ese es el espíritu del marco propuesto.
La OMI se rige por el principio de igualdad entre los Estados —un país, un voto—, aunque sus convenios y enmiendas solo entran en vigor cuando los ratifican naciones que representan al menos la mitad del tonelaje mundial, lo que otorga peso decisivo a registros como el de Panamá, segundo mayor del mundo. La OMI, además, está dirigida por un panameño, el secretario general Arsenio Domínguez.
Pese al contexto favorable, la dinámica política desvió el rumbo de la propuesta. Estados Unidos, actor menor en este foro por el tamaño de su flota, presionó a los delegados calificando la medida como una “estafa verde”, según el presidente Donald Trump. Sin argumento técnico y mediante amenazas de represalias comerciales, publicadas días antes por el Departamento de Estado, logró sembrar la duda. La votación original sobre el marco de cero neto fue modificada para decidir su postergación por un año.
Los países más comprometidos votaron en contra de la postergación (49); Panamá, sorpresivamente, a favor (57 países), y hubo 21 abstenciones. En política, un año puede parecer poco; para el planeta equivale a mil millones de toneladas adicionales de CO₂, y en economía, a mayores costos de transición y pérdida de confianza en la inversión verde. Panamá perdió una oportunidad clave para consolidarse como referente en la descarbonización marítima.
El autor es doctor en Economía Marítima, profesor asociado de la Escuela de Economía de Noruega, especialista en descarbonización marítima e integrante de Ciencia en Panamá.
