La corrupción en Panamá es una gotera vieja: uno la ignora pensando que es solo ruido y, al final, termina llevándose el techo, la casa y, lo más grave, la confianza de la gente. No estamos ante un simple problema de “percepción”; es una realidad lacerante que se siente en la falta de medicinas en el Seguro, en escuelas que se caen a pedazos, en obras que se pagan con sobrecostos y nunca se terminan, y en un Estado que parece diseñado para servir a unos pocos mientras descuida a los muchos. La calificación de 33 puntos en el índice de percepción de la corrupción es una bofetada que deja claro que las promesas de cambio se han quedado en retórica. La ciudadanía no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el patrimonio de todos se desvanece.
Nuestra corrupción tiene muchas caras, pero todas se alimentan del mismo vicio: el desvío del dinero público. Se manifiesta en la malversación de recursos; en las coimas y sobornos que tuercen la justicia; y en el enriquecimiento sin explicación de quienes entran al servicio público con una mano atrás y otra adelante y salen convertidos en magnates de la noche a la mañana. A esto se suma el cáncer del amiguismo: puestos y contratos para familiares y compadres, creando las famosas “botellas” que premian la lealtad política por encima del mérito profesional. Cuando esto se vuelve costumbre, el “juega vivo” se institucionaliza y se instala la perversa idea de que robarle al Estado no tiene consecuencias.
El fallo es estructural. Si los organismos de control no tienen dientes —o si, teniéndolos, deciden no morder—, la fiscalización se vuelve una parodia y la rendición de cuentas, un papel mojado. Además, denunciar la corrupción en Panamá sigue siendo un deporte extremo; quien se atreve a levantar la voz suele pagar el precio con persecución o desempleo. Sin una protección real al denunciante, la impunidad se vuelve rutina y el control ciudadano se hace casi imposible ante la falta de transparencia en la gestión pública.
Urge una reforma que no sea solo para la foto. Necesitamos una Ley General Anticorrupción que defina delitos con precisión y establezca sanciones ejemplares. Requerimos una legislación sólida que ampare a quien destapa la podredumbre y, sobre todo, transparencia plena: las declaraciones patrimoniales deben ser públicas y verificables. Quien administra dinero ajeno tiene la obligación moral y legal de explicar lo que tiene antes, durante y después de su cargo.
Sin embargo, las leyes por sí solas no bastan; la solución también pasa por las urnas. En cada elección tenemos la oportunidad de elegir integridad y no solo discursos bonitos. Panamá necesita diputados que legislen para el país y no para su bolsillo, capaces de ejercer un control real sobre el Ejecutivo sin pactos de recámara. Si seguimos eligiendo a los mismos con las mismas mañas, no habrá ley que resista el empuje de la deshonestidad.
Esta degradación moral se agrava con una hipocresía política que es necesario señalar. Decía el dictador en aquellos años de hierro: “plata para mis amigos y plomo para mis enemigos”. Hoy, en esta democracia que tanto costó recuperar, parece que muchos han reciclado esa máxima con un matiz igual de dañino: “los míos pueden ser corruptos, pero los que no están conmigo, no”. Esa visión selectiva de la justicia es el veneno que impide sanar la nación. La lucha contra la corrupción no puede ser una herramienta para perseguir al adversario mientras se encubre al aliado. O ponemos reglas claras para todos y las hacemos cumplir, o seguiremos pagando el costo del juega vivo. Panamá puede ser un país justo, pero eso exige actuar ya, con la verdad por delante y sin excusas políticas.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
