El cambio en las políticas domésticas para estimular el crecimiento económico, al mismo tiempo que se mantienen las mismas prácticas opacas, ineficientes y corruptas, no es más que bajar el volumen a la alarma de incendio en lugar de apagar el fuego. En el año 2025, la inversión extranjera directa (IED) cayó un 63%, lo que representó una pérdida de más de $1,500 millones. La IED es de vital importancia para cualquier país porque cimienta la confianza de los inversores a largo plazo, especialmente al reducir las especulaciones sobre el mercado local y lograr así que el país receptor genere más empleos, mayor transferencia tecnológica y multisectorial, más competitividad y una mayor captación de divisas; en otras palabras, una gestión más activa de la inversión.
Tenemos todo para ser una de las economías más dinámicas y con mayor captación de capital extranjero en el continente, no solo por nuestra posición geográfica o el Canal de Panamá, sino por nuestra tradición histórica de ser una economía conectora, un país de servicios —que, si bien es cierto que lo somos, eso no nos exime de tener que mejorar la cultura de hacer negocios en el país, especialmente en aspectos como la ética laboral, la puntualidad, el trato al cliente y la capacidad de aceptar críticas como sociedad y mejorar a partir de ellas—, que no deja de reivindicarse como el lugar estratégico para llegar a todos los puntos de las Américas. No obstante, los recursos, sin una administración adecuada, nunca darán los frutos que todos quisiéramos ver.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Panorama Social 2025, estimó que el índice de Gini de Panamá superó el 0.5 —siendo 0 el indicador de igualdad perfecta y 1 el de desigualdad absoluta—, ubicando a Panamá como el segundo país más desigual de la región, solo superado por Colombia. Pese a que estamos muy cerca de alcanzar un Producto Interno Bruto (PIB) de $100,000 millones, seguimos siendo uno de los países con mayores niveles de desigualdad, que a la larga se traducen en una educación menos competitiva y una fuerza laboral que oscila entre el desempleo y la informalidad.
Estos problemas, a su vez, debilitan la capacidad de las personas para mejorar su calidad de vida, ya sea adquiriendo viviendas dignas, aspirando a mejores empleos o teniendo acceso a una mejor seguridad social, generando así una cadena interminable de complicaciones que se convierten en una carga para el ya débil Estado panameño en aspectos como pensiones, salud pública o seguridad.
Pero ¿quién tiene la culpa de ello?
En una de mis primeras clases de Ciencias Políticas, el informe Beveridge (1942) se convirtió en el centro del debate al estudiar dos de los cinco gigantes mencionados en este documento: la ignorancia y la miseria. Independientemente de los acuerdos y desacuerdos sobre la finalidad del informe respecto al financiamiento del propuesto sistema de seguridad social integral, la idea de que las personas deben poder proveerse más que lo mínimo a sí mismas y a sus familias no es, en absoluto, irracional o descabellada. Dentro de este informe se señala que, para combatir la ignorancia, era necesario mejorar el acceso a la educación y a la formación, ya que esta no solo implicaba analfabetismo, sino también la exclusión sistemática del conocimiento y de una formación técnica que permita a los ciudadanos aspirar a mejores oportunidades. Sin educación, por ende, los demás gigantes no podían combatirse.
Por otro lado, la miseria impide a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos políticos y civiles, ya sea por la urgencia de cubrir sus necesidades básicas antes de pensar en decisiones electorales o por la incapacidad de exigir rendición de cuentas a los políticos de turno. Toda inversión extranjera directa requiere condiciones adecuadas, tanto en capital humano como en el entorno que permita a los trabajadores ser lo suficientemente productivos y eficientes en sus labores. La ignorancia en una generación reproduce la miseria en la siguiente; por eso es imperativo elegir a políticos con un mínimo grado de inteligencia y capacidad para entender los verdaderos problemas del país y proponer soluciones viables y duraderas, no figuras populares que se desviven por competir entre sí sobre quién construye más caminos o inaugura más alcantarillas con el único objetivo de garantizar su reelección.
La necesidad del fin de la oclocracia: o acabamos con la ineptitud, o la ineptitud acaba con nosotros
La oclocracia, o la degeneración sistemática de la democracia en un gobierno de la “muchedumbre”, se caracteriza por la ausencia de institucionalidad y de mecanismos eficientes para preservar el orden democrático, permitiendo así la falta de debates y decisiones racionales. Lo más preocupante de esta degeneración democrática es cuando la demagogia se impregna tan profundamente en el ADN cultural de la sociedad que las decisiones más importantes del país se toman basándose en la manipulación, el populismo y las emociones de una multitud particularmente obediente, corrompida y desordenada.
Panamá posee un dinamismo económico gracias al Canal, los puertos y su sistema bancario, por lo cual nuestro problema no es la falta de riqueza, sino la ausencia de decisiones políticas más coordinadas, racionales y con verdaderos fundamentos técnicos. Sin embargo, debemos entender que, para mejorar nuestra imagen internacional, debemos comenzar por elegir políticos más competentes, al menos con ciertas cualidades académicas, un manejo correcto del idioma español y experiencias laborales mínimas que realmente aporten a la administración pública, para así evitar que nuestra democracia, de manera voluntaria e impetuosa, se degrade a sí misma y, con ella, nuestra capacidad de atraer más inversiones.
El autor es internacionalista.
