Panamá tiene las condiciones para crecer más rápido y mejor. Lo que falta no son ideas, recursos ni geografía —están ahí—, sino la voluntad política de remover algunos obstáculos estructurales que el sector privado identifica con claridad: la tramitología, las cadenas de suministro desaprovechadas y los proteccionismos que defienden rentas en lugar de eficiencia. El Consejo Asesor para el Desarrollo Económico —CADES-Panamá— debería tener precisamente este tipo de agenda, mencionada en el propuesto Plan País como Pilar 2, en el centro de su mandato para pasar de la opinión a la implementación.
I. La tramitología: el Estado como carrera de obstáculos
El sector privado argumenta constantemente sobre las dificultades para iniciar y operar negocios en el país. Al Estado le corresponde, coordinadamente con el sector privado, ir desmontando esa carrera de obstáculos que dificulta la formalización de negocios y empleos. Las ideas no son suficientes; se requieren propuestas concretas, con procesos activables y supervisados técnicamente desde las necesidades del sector privado.
Las fricciones son concretas, solo por mencionar algunas: permisos de construcción que toman entre 6 y 18 meses; inscripción voluntaria a la CSS catalogada como “casi imposible”; permisos ambientales con categorización discrecional; o visas de trabajo con requisitos duplicados entre Mitradel y Migración. Trámites excesivamente burocráticos que abren espacios a atajos informales, sin contar las barreras adicionales que el sistema bancario impone para abrir y operar una cuenta.
Hay un patrón bien documentado detrás de todo esto: cuando los trámites son lentos, opacos y discrecionales, crean ineficiencias y demanda natural por atajos. El “gestor” informal no es una anomalía; es el síntoma de un sistema que falla por diseño. Tres condiciones convierten la solicitud de un permiso en un trámite corrupto: discrecionalidad, opacidad y ausencia de rendición de cuentas.
Lo que México implementó a través del CADERR y la CONAMER es lo que el CADES-Panamá debería liderar: un mapeo participativo de las 50 barreras más importantes para la inversión y la formalización, con procesos y plazos vinculantes, pilotos sectoriales y una Ventanilla Digital Única con interoperabilidad real. El objetivo concreto es alcanzable: apertura de empresa en 72 horas; permisos de construcción menores en 30 días; certificación de Bomberos en 7 días.
II. Las cadenas de suministro: mover carga no es suficiente
La logística es el motor más visible de la economía panameña. Según el informe de APEDE de enero de 2026, el sector aportó $9,613 millones al PIB en 2024 —el 11.8% de la economía—, con un crecimiento acumulado de 39.6% desde 2018. El Canal cerró el año fiscal 2025 con ingresos de $5,705 millones y una ganancia neta de $4,134 millones.
Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en expansión proporcional del empleo. El 89% de las operaciones portuarias corresponde a transbordo: una fortaleza difícil de replicar, pero también una trampa de bajo valor agregado si no se complementa con una estrategia de encadenamiento productivo que ancle en Panamá empleo y valor local. Cuatro sectores concentran el mayor potencial inmediato:
• Logística y distribución regional: Panamá ya es el nodo. El paso siguiente es convertirse en centro de consolidación, reempaque y distribución para América Latina, con zonas francas que ofrezcan servicios de valor agregado reales.
• Agroindustria: Panamá importa más del 60% de los alimentos que consume. Con ventajas climáticas y acceso marítimo, hay espacio para desarrollar cadenas agroindustriales que reduzcan esa dependencia y generen exportaciones de valor.
• Manufactura ligera: El nearshoring y friendshoring redirigen inversión hacia América Latina. Panamá compite con Costa Rica, República Dominicana y México. La diferencia no está en la ubicación —que es superior—, sino en la velocidad de los permisos, la calidad y costos de los servicios públicos y la disponibilidad de mano de obra calificada y productiva.
• Servicios y tecnología: El régimen SEM ha generado más de $1,300 millones en inversión y alrededor de 10,000 empleos de alta calidad. Hay espacio para escalar este modelo hacia servicios digitales, fintech y centros regionales de operaciones, resolviendo restricciones regulatorias y mejorando la conectividad entre talento externo y local.
III. Los proteccionismos: el costo que nadie quiere nombrar
Panamá mantiene múltiples protecciones sectoriales que no responden a criterios de eficiencia ni de interés nacional, sino a la capacidad de ciertos grupos de interés de capturar la regulación en su favor. El economista Guillermo Chapman lo llama con precisión “economía de amiguetes”. El premio Nobel James Robinson habla de “economías de enclave” cuyos beneficios no permean al conjunto de la sociedad ni permiten al país escalar en competitividad.
En el comercio minorista, por ejemplo, las restricciones al capital extranjero protegen estructuras de distribución ineficientes y encarecen los precios. El argumento de proteger al comerciante panameño es legítimo como objetivo social, pero el instrumento —una exclusión amplia en lugar de apoyo dirigido— resulta regresivo: son los hogares de menores ingresos quienes pagan más por los mismos bienes. Sin competencia, no hay incentivo para ser más eficiente.
En los servicios profesionales ocurre algo similar: las restricciones al ejercicio de extranjeros en medicina, ingeniería y educación, por mencionar algunos, bloquean la incorporación de talento especializado incluso cuando no existe oferta local equivalente. La propuesta es establecer un régimen de habilitación transitoria para profesionales extranjeros certificados en áreas de escasez crítica. Esta medida no sustituye la inversión en capital humano panameño; la complementa y abre posibilidades a nuevas inversiones y mayor empleo general.
La palanca que conecta los tres problemas
Tramitología, cadenas de suministro y proteccionismos parecen problemas distintos, pero tienen una raíz común: la ausencia de un mecanismo permanente y técnico que evalúe el costo real de las regulaciones y proponga reformas con evidencia. Toda protección sectorial debería justificarse en términos de un bien público claro —seguridad, salud, soberanía—, no simplemente en función de los ingresos del sector protegido. Las que no superen esa prueba son candidatas para desmontar, con esquemas de transición que eviten disrupciones, pero que apunten sin ambigüedad hacia más competencia y mayor eficiencia.
Eso es exactamente lo que el CADES-Panamá, con su Comité Técnico de Simplificación y Competitividad, debería hacer: no como sustituto de la decisión política, sino como el insumo técnico que le dé sustento, agilidad y legitimidad a las políticas públicas.
La ventana geopolítica está abierta y el nearshoring busca destinos confiables mientras las cadenas globales se reconfiguran. Panamá tiene las ventajas comparativas. Lo que falta es la decisión pragmática y una mayor cooperación con visión de país para convertirlas en ventajas competitivas.
El autor es economista, con maestría en Blockchain & Fintech.
